La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, a cargo de investigar la denuncia presentada por genocidio y crímenes de lesa humanidad, reconoce que las pesquisas en dicho caso están varadas por los diferentes recursos que han sido planteados por distintos abogados defensores.
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El último litigio que según la fiscalía a cargo «obstaculizaba» el proceso de investigación fue declarado sin lugar el pasado martes por la Corte de Constitucionalidad, quien denegó a Efraín Ríos Montt un amparo en el que alegaba que la desclasificación de los archivos militares no era procedente por ser secreto de Estado.
Rosa María Salazar, titular de la referida fiscalía, indicó al respecto que aún no han sido notificados por lo que aún no pueden ejercer ninguna acción en cuanto a la desclasificación de los planes militares ejecutados durante el conflicto armado interno.