Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) destacó su preocupación por la situación de violencia e inseguridad en Guatemala, en el informe de actividades 2007 presentado ayer al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según la oficina de prensa de ONU, «se observa con preocupación la débil capacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida, como lo demuestra la persistencia de un alto í­ndice de muertes violentas, incluyendo muertes de mujeres».

Arbour también señaló en su informe la existencia de estructuras organizadas en varias instituciones del Estado, responsables de graves violaciones de los derechos humanos. «Estas estructuras han sido utilizadas por el crimen organizado, el narcotráfico y otros grupos de poder, y han actuado con el apoyo, aquiescencia o tolerancia de los altos oficiales del Ministerio de Gobernación y de la Policí­a Nacional Civil (PNC)…».

Para ejemplificar su teorí­a menciona el caso Parlacen en la que se evidenció la ejecución extrajudicial de tres diputados salvadoreños y su piloto en febrero del año pasado, y el asesinato posterior de los presuntos responsables materiales del crimen.

Impunidad e ineficiencia

En el informe también se hace referencia a los «altos» niveles de impunidad y la poca eficiencia del Ministerio Público para la investigación de los crí­menes.

Asimismo se enfatiza sobre el bajo í­ndice de individualización de presuntos responsables, y manejo inadecuado de las pruebas y de la escena del crimen, lo cual complica el procesamiento de los acusados en los tribunales de justicia.

Para reducir los niveles de inseguridad, la alta comisionada exhorta al Gobierno a emprender esfuerzos integrados para alcanzar una rigurosa reestructuración de la PNC y de los cuerpos de investigación criminal.

Más impuestos

Entre otras recomendaciones, la ACNUDH señala la necesidad de desarrollar una polí­tica social basada en un enfoque de derechos humanos y de género con el fin de combatir la pobreza y reducir la inequidad; para lo que es necesario «elevar la carga tributaria y revisar el régimen de recaudación y de exoneraciones».

Así­ también considera importante aprovechar la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como una herramienta para apoyar a las instituciones nacionales en el combate contra la impunidad.