Nora Segura, contralora general de Cuentas, reconoce la debilidad en la Subcontraloría de Probidad al no perseguir adecuadamente a quienes se enriquecen ilícitamente, sin embargo, tampoco está de acuerdo en la creación de una nueva institución para fortalecer este mandato.
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La Contraloría General de Cuentas (CGC) se encuentra preocupada por la iniciativa de ley Contra la Corrupción Administrativa que contempla crear una institución autónoma a la ya existente para perseguir a todos aquellos funcionarios públicos que se dedican a incrementar sus bienes con el erario del Estado.
Esta propuesta de ley fue presentada por la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y actualmente es analizada por la Comisión de Transparencia, a cargo de Rosa María de Frade.
Entre otras disposiciones, el fin último de esta iniciativa es que exista un cuerpo disciplinario dedicado exclusivamente a fiscalizar a quienes trabajan en el Estado, por lo que la preocupación de Segura es la duplicidad en funciones y el excesivo gasto que provocaría crear todo un sistema paralelo.
“De ser aprobada esta iniciativa le vendría a quitar a la Contraloría un mandato constitucional que se le fue otorgado al momento de su creaciónâ€, refiere la contralora Nora Segura.
Así mismo, Segura indica que su institución está trabajando en la fiscalización de bienes, pero de forma débil.
“Hay un reconocimiento que la Subcontraloría de Probidad no está trabajando adecuadamente por lo que hay que buscar los mecanismos para su fortalecimientoâ€, agrega De Frade.
Las propuestas hechas por la Contralora, para evitar crear un ente autónomo a su institución, es implementar un sistema informático especializado que permita que la CGC pueda compartir información electrónica con instituciones como la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y registros como el Mercantil de Inmuebles y demás entidades.
“Hay que pensar en el fortalecimiento y transparencia de la CGC, sobre todo porque las declaraciones patrimoniales deben ser públicas, mientras sean confidenciales no se podrá erradicar el enriquecimiento ilícitoâ€, agrega De Frade.
Pero para erradicar este mal, De Frade agrega que es de urgencia la aprobación de la Ley Contra el Enriquecimiento porque la debilidad en la Contraloría es debido a que no hay una persecución penal al respecto.
“Si en algo coincidimos con la Contraloría es que es urgente que se apruebe la ley contra enriquecimiento ilícito independientemente de cual sea la entidad encargada de verificar los estados patrimonialesâ€, finaliza De Frade.
Por lo que esperan que junto con la tipificación de este delito, también se cumpla lo que contempla la Ley de Extinción de Dominio (LED) en la que se considera que las sociedades anónimas se conviertan en sociedades nominativas y de esa forma trazar una ruta para controlar y verificar todos los bienes del Estado.