El Decreto Legislativo que dio vida a la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor fue mal interpretada, ya que los funcionarios del gobierno anterior prefirieron honrar sus intereses personales dejando desordenado el listado de personas de tercera edad que necesitan el apoyo económico de cuatrocientos quetzales mensuales y quintuplicaron nombres de personas que no lo necesitan. La ley es clara al indicar que los beneficiarios deben demostrar que padecen de algún grado de discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial, y que se encuentren en situación de pobreza extrema, sin embargo, con el fin de malversar fondos y quedar bien mediante favores, muchos ex funcionarios del Ministerio de Trabajo trataron como piñata el presupuesto destinado a la pensión en favor de los adultos que han sobrepasado 65 años de edad.

Las autoridades de la Contralorí­a General de Cuentas deben aportar resultados concretos sobre las auditorí­as realizadas y el actual Ministro de Trabajo, Edgar Rodrí­guez cumpla su función de enviar pruebas documentales al Ministerio Público para imputar a los responsables de las anomalí­as. Según el 5º. párrafo del artí­culo 1 de las Disposiciones Generales del Código Penal, «lo injusto es ilegal», por ello debe proceder contra las personas que aprovechándose del cargo autorizaron saquear un programa que beneficia a un sector vulnerable de la sociedad «las ancianas y los ancianos».

Entre los favorecidos destaca los padres de una ex viceministra de Trabajo, quién por cierto es indí­gena, es doblemente censurable. Primero: Sus padres no viven en extrema pobreza, y si fueran pobres no habrí­a estudiado la hija; Segundo: A la ex funcionaria le valió poco su honorabilidad, sino prefirió acentuarse para imitar la desfachatez de los ex funcionarios corruptos que durante la historia hemos tenido.

A pesar que la mayorí­a de las personas adultas prestaron servicios laborales en el sector público y privado durante 30, 40 y hasta 50 años, el Estado y la población joven, no hemos tenido voluntad y respeto para compensar a las fuerzas humanas que han levantado la economí­a del paí­s, ¡¡qué desgracia!! Y comparar la situación de las personas desprotegidas de la ciudad con los ancianos de las comunidades rurales es cruel e inhumano, en las aldeas alejadas no hay acceso a alimentación, servicios de salud y mucho menos una vivienda digna, lo que facilita la muerte de ciudadanos que subsisten en condiciones deplorables y por ello pregunto: ¿Por qué hay personas que ambicionan acumular riqueza material en detrimento de los adultos? Y lo detestable es perder principios morales y corromper leyes sin importar la ilegalidad.

En un paí­s donde existe un inminente irrespeto hacia la Ley, las autoridades deben investigar y penalizar lo injusto. No permitamos que los funcionarios sigan con el abuso de autoridad, peculado, malversación de fondos y que finalmente pasen a vivir en total impunidad.