Los pocos lectores de este espacio que han seguido mi trayectoria de columnista, probablemente se recordarán de las múltiples ocasiones en que he escrito artí­culos referentes a la inseguridad del trasporte colectivo extraurbano, sobre todo durante el gobierno del presidente í“scar Berger, a quien llegué a rogar, pedir y exigir la destitución del inútil viceministro de Transportes de la época, así­ como la defenestración de los titulares de la Dirección General de Transportes y del Departamento de Tránsito, porque a mí­ sí­ me duele en lo más profundo de mi sensibilidad humana la incapacidad, negligencia y deshonestidad de casi la totalidad de los funcionarios que han ocupado los cargos mencionados, sobre cuyas conciencias -si las tuvieren- deberí­a recaer el llanto, el pesar, la desolación de los familiares de las ví­ctimas de trágicos accidentes del transporte extraurbano.

Ahora mismo, al ocurrir el fatal percance en el que murieron alrededor de 56 personas ocurrido en la cuesta de El Chilero, los que ocupan los cargos mencionados se han rasgado las vestiduras, tal como sucedí­a con sus antecesores en los mismos puestos durante el régimen de Berger, y han reiterado -como lo hicieron sus predecesores- que adoptarán severas medidas para controlar el tránsito de camionetas y otra clase de vehí­culos pesados en las carreteras del paí­s.

Contra cualquier grado de optimismo que pudieran provocar esas declaraciones, acompañadas de desesperadas aunque útiles acciones preventivas, reitero que mientras en el Viceministerio de Transporte, en la Jefatura del Departamento de Tránsito y en la Dirección General de Transportes no se designe a técnicos en la materia de probada honestidad, las soluciones sólo serán parciales. No estoy afirmando que los actuales funcionarios sean incapaces y corruptos, porque es prematuro asegurarlo, sino pidiendo algo que cualquier ciudadano tiene derecho a demandar, porque ya no es posible que en esos puestos se persista en nombrar a personas meramente por compadrazgo o para pagar facturas polí­ticas.

Si en Guatemala se hubiesen graduado ingenieros expertos en vialidad, entre ellos se deberí­a escoger a los más aptos y honestos; pero si no los hubiere, por lo menos que se contrate a ingenieros en sistemas, que abundan, para que puedan realizar su trabajo con idoneidad.

Pero debo reiterar que es imprescindible que los funcionarios designados a los cargos citados, sean de comprobada honorabilidad, porque sabido es que tanto la Dirección General de Transportes como en Departamento Tránsito, de la PNC, han sido cuevas de ladrones en las que los que la mayorí­a de quienes han pasado por ahí­, se han enriquecido a la vista de todo el mundo.

Es sumamente difí­cil de creer que lí­neas de transportes extraurbanos cuyas unidades se encuentran en pésimas condiciones mecánicas, con neumáticos casi inservibles y el sistema de frenos en mal estado sean autorizadas para funcionar, si no se les ha untado de dinero a los funcionarios responsables de tales concesiones.

Respecto a los seguros que deben contratar los dueños de esas empresas, uno ya no sabe qué pensar cuando lee las declaraciones de funcionarios de ramo, en el sentido de que un elevado porcentaje de camionetas prestan el servicio de transporte de pasajeros sin estar debidamente aseguradas, además de que hay muchas empresas que ni siquiera están registradas en la Dirección General de Transportes. ¿Es esa institución la que debe mantener el control sobre el transporte extraurbano de pasajeros, o será el INSIVUMEH el encargado de que la supervisión de empresas, incluyendo que el pago de seguros de vida debe ser permanente?

Para no quedarse rezagado, el subdirector adjunto de la Policí­a Nacional Civil, comisario Henry López, reveló que la unidad accidentada y que quedó como chatarra tení­a dos multas pendientes impuestas por exceso de velocidad y sobrecarga de pasajeros. ¿A quién corresponde adoptar las decisiones pertinentes en casos como éste? ¿A la PNC, a la Dirección General de Transporte, al Departamento de Tránsito o la Asociación de Enfermeras Jubiladas?

Gradualmente, conforme van transcurriendo los dí­as, el impacto del accidente en que murieron 56 personas, entre adultos, niños, mujeres y ancianos, se va diluyendo, y dentro de pocas semanas ya sólo serán los deudos los que se recuerden de la tragedia, porque se trata de guatemaltecos de origen modesto, casi anónimos, de tal manera que no será hasta que vuelva a ocurrir otro accidente de grandes proporciones, cuando las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Policí­a Nacional Civil volverán a lamentarse y a prometer nuevas medidas para evitar otros percances similares.

Desgraciadamente así­ va a suceder, sobre todo por el dinero que ha corrompido a las autoridades del Transporte, como las mordidas que exigen y reciben los agentes de la PNC apostados en las carreteras del paí­s, que permiten que las camionetas circulen a velocidades endemoniadas y con sobrecarga de pasajeros. ¿O habrá alguien que me lo desmienta?

Y aunque se estén adoptando medidas preventivas improvisadas, de todas formas continúan los accidentes de tránsito, como los ocurridos anteayer en la ruta hacia Ciudad Quetzal y el otro en la jurisdicción de Mixco, al final de la calzada Roosevelt. Todos estos percances demuestran que el problema es estructural y que sólo de esa forma debe ser atacado y solucionado por el Estado.