La diputada Nineth Montenegro solicitó al Contralor General de Cuentas de la Nación cancelar los fideicomisos del Estado, pues estos tienen poca ejecución y han sido objeto de transferencias a organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Sobresalen los casos del Aeropuerto Internacional La Aurora y del Fondo Guatemalteco para la Vivienda, Foguavi.
La parlamentaria fundamenta su petición en la práctica de las instituciones del Estado que utilizan los fideicomisos para ejecución de fondos públicos, por lo tanto, salen del control de los entes de fiscalización del presupuesto como la Contraloría de Cuentas y las ubican bajo el control de la Superintendencia de Bancos.
El informe de Montenegro detalla que el fideicomiso más antiguo es el del Fondo Extraordinario Específico de Reconstrucción que data desde el terremoto de 1976, el cual ejecutó 90.6 millones de quetzales y que aún tiene disponible 1.9 millones de quetzales. Asimismo, señala que el fideicomiso con mayor ejecución es del pago a los ex Patrulleros de Autodefensa Civil, que en menos de dos años ha gastado mil 336.2 millones de quetzales, con disponibilidad aún de 316.1 millones. Es decir que dicho fideicomiso ha gastado más que el programa de Resarcimiento a las Víctimas del Conflicto Armado Interno.
Según el presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2008, los ministerios, secretarías y fondos del Estado trasladarán un total de 31.8 millones de quetzales a 70 organismos internacionales y regionales diferentes, sólo como contraparte, aportes y cuotas por ser parte de estos, más no para ejecutar obras.