El Juzgado regional de Quiché otorgó falta de mérito a Rosalí­o Cabrera Girón, quien presuntamente perteneció a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), acusado de homicidio. La acción de dicha judicatura motivó una denuncia por corrupción en el Ministerio Público (MP).

A finales de abril de 2007, Juan José Gómez Urí­zar fue linchado por una turba de dicha región que lo acusaba de robo; murió luego que casi un centenar de personas allanara una casa, donde éste se refugiaba, y lo golpearon hasta darle muerte. Dos jóvenes más y un periodista de Quiché resultaron con heridas graves.

Según testigos, el linchamiento fue incitado por Cabrera Girón, quien presuntamente ejecutó extrajudicialmente a Gómez Urí­zar. El ex comisionado militar fue finalmente aprehendido y en su primera audiencia fue dejado en libertad por falta de mérito.

Amí­lcar Méndez, activista de Derechos Humanos, aseguró que la falta de mérito otorgada al procesado se debió a un acuerdo entre la defensa de éste y el MP, por lo que interpuso una denuncia por corrupción en contra del fiscal de dicha región Luis Waldemar Figueroa.

«Hoy llegaa una comisión de la Secretarí­a General del MP para hacer una averiguación y revisar el caso, a efecto de que se logre determinar si hubo corrupción porque ahí­ corrió dinero», refirió el activista, quien adjuntó a la denuncia actas notariales y otros documentos.

El fiscal Waldemar Figueroa al ser consultado sobre el tema refirió que Cabrera Girón no fue ligado a proceso porque no fue capturado, sino se presentó voluntariamente.

«Unas personas lo sindicaron, después vinieron a decir que todo era mentira, por lo que el juez les certificó lo conducente», concluyó el fiscal, quien desmintió que haya existido arreglo entre las partes: «Â¿cómo puede haber contubernio si los propios ofendidos lo niegan?, cuestionó.