La imprudencia y ausencia de estrictos controles en el transporte urbano y extraurbano de pasajeros enlutó nuevamente a decenas de familias guatemaltecas que perdieron a sus seres queridos en tres fatídicos accidentes. El más impactante, el que se produjo el viernes pasado por la noche en la ruta hacia El Salvador, donde murieron 55 personas, incluyendo el piloto y el propietario del automotor.
La conmoción que provocó entre la opinión pública el percance movilizó a las autoridades a implementar una serie de operativos, incluso hizo que en el Congreso de la República los legisladores desempolvaran la Ley General de Transporte, después de externar su pesar a través de un punto resolutivo, para dotar a las autoridades de una nueva legislación, ante la anarquía imperante en la prestación de este servicio.
Ojalá que la tragedia se convierta en un efectivo acicate para que las autoridades ejerzan mayores controles, por un lado, verificando permanentemente las condiciones de los autobuses, así como los límites de velocidad y por otro, monitoreando la profesionalización de los pilotos, que para prestar este servicio deben tener cumplidos no menos de 25 años.
¿Deuda y compromiso no es lo mismo?
Otro de los temas que acaparó la atención de los guatemaltecos en esta semana son las consecuencias que tiene para el país la multimillonaria deuda flotante que dejó la administración anterior en el Ministerio de Comunicaciones. No son Q300 millones como dijeron los funcionarios de Berger durante la transición, ni Q2000 millones como reconoció recién estrenado este gobierno, sino que Q4,700 millones.
El presidente de la comisión de Comunicaciones del Congreso, Noé Orellana, reconoció la gravedad del problema, porque para pagar la deuda flotante con recursos propios, indicó que se requerirían no menos de tres años sin ejecutar nuevos proyectos, lo cual no se puede porque la población permanentemente está demandando proyectos de infraestructura.
El Ejecutivo trabaja a marchas forzadas para financiar dicha deuda flotante con endeudamiento externo, que de hecho aumentó a Q2,250 millones con los préstamos que el Congreso aprobó para financiar este año el presupuesto, después de sortear la férrea resistencia de algunos bloques de oposición.
Eduardo Castillo, ex ministro de Comunicaciones, dijo que el monto total no es solo deuda flotante, sino también compromisos. La argumentación en su defensa fue criticada por sus adversarios políticos, porque deuda y compromiso equivale a lo mismo, toda vez que el Estado tiene que solventar esa deuda o compromiso con los acreedores.
Elección de magistrados al TSE
Otro de los temas que se encuentran encaminados en el Congreso de la República, es la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La elección podría llevarse a cabo la semana entrante o bien después del feriado de la Semana Santa, ya que existe un precedente que para el efecto no existe un plazo determinado, como contrariamente advierten algunos diputados, señalando incluso como fecha fatal el 20 de marzo.
Según los avances en las negociaciones, las profesionales Patricia Eugenia de Gordillo, Mirtala Góngora Zetina de Trujillo, María Villagrán De León, David Sentes Luna y Helder Ulises Gómez cuentan con el apoyo de los bloques mayoritarios y si nada cambia de aquí al martes, se cree que serán los nuevos magistrados, quienes conducirán al TSE los próximos seis años.