Para muchos guatemaltecos la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral constituye un detalle trascendental en la vida democrática del país, sobre todo luego de que esa instancia legal vino a sustituir al desprestigiado Registro de Ciudadanos a cargo de un Director que tenía la responsabilidad de dirigir los procesos de elecciones bajo la autoridad del mismo Presidente de la República.
La idea de constituir un Tribunal Supremo Electoral ajeno a los vaivenes político-partidistas surge en el Consejo de Estado de 1982 cuando se empezó a moldear todo un paquete de leyes políticas que incluían, por cierto, el documento único de identidad como una pieza fundamental. Tras las experiencias de un Registro bajo el control del Ejecutivo, en el que no sólo se controlaba todo el sistema electoral sino también la inscripción o no de partidos políticos, se pensó en conformar un ente autónomo, en verdad, que fuera garantía de pureza en el sufragio. Se pensó entonces en asignar al mundo académico y profesional la responsabilidad de postular candidatos para integrar el Tribunal y así surgió la primera Comisión de Postulación que luego ha sido imitada para designar a otros magistrados y a otros funcionarios.
Pero lo que los creadores de la primera Comisión de Postulación no imaginaron es que al final de cuentas terminarían politizando al mundo académico y profesional, al punto de que ahora ya no se buscan posiciones de decanaturas ni se aspira a ganar elecciones en los colegios profesionales simplemente por los méritos profesionales y el prestigio, sino que se hace porque esas posiciones tienen implícito el tremendo poder de integrar cortes y decidir sobre las candidaturas de funcionarios.
La elección del Tribunal Supremo Electoral se ha visto en general como la palanca de la vida democrática, pero cada vez es menos importante el prestigio y la trayectoria de los postulados como sus vínculos políticos. El primer Tribunal fue aplaudido por tirios y troyanos porque en el mismo figuraban verdaderos personajes del foro nacional y la gente confió ciegamente en ellos para que manejaran las elecciones. Ni siquiera ante evidencias concretas pudo nadie cuestionar su comportamiento, pese a que los magistrados, por su edad, delegaron la parte operativa en algunos individuos de dudoso comportamiento que luego han dado muestras de su enorme y desmedida ambición. Es más, fue en esos tiempos cuando empezaron a actuar quienes luego han sido señalados de traficar su influencia para beneficio personal y de parientes.
Pero ese prestigio de los magistrados y la certeza de que no tenían vínculo con los partidos políticos les otorgó el cheque en blanco de la confianza ciudadana y ahora, en cambio, se observa con suspicacia la elección que hará un Congreso que, a su vez, está más desprestigiado. En fin, en cuestión de días sabremos quienes integrarán el tribunal, pero de antemano se sabe que su designación es cada vez más política.