Es indudable el derecho que tiene cualquier Estado de defenderse de agresiones externas o internas, pero aun para ello existen normas que deben respetarse. Lo más fácil y recurrente, en ese camino de defensa, ha sido la violación de los derechos humanos y hacer que los agredidos adopten posturas que tiendan a sembrar el terror no sólo entre sus enemigos, sino también entre quienes puedan simpatizar con ellos. El concepto de guerra sucia se llama así­, cabalmente, porque no respeta normas elementales y pasa por alto cualquier noción de garantí­a de derechos individuales, entre ellos el derecho de defensa. Pero cuando ese concepto de guerra sucia trasciende las fronteras, se produce una violación de la soberaní­a de los paí­ses.

Colombia tiene perfecto derecho para atacar y combatir a las FARC para defender la institucionalidad y no creemos que ese grupo guerrillero con ví­nculos con el narcotráfico merezca el reconocimiento de beligerancia. Pero ese derecho a la defensa de su sistema no le otorga el derecho a Colombia para penetrar otros territorios a realizar operativos militares, sobre todo cuando se sabe que está en marcha un esfuerzo humanitario para lograr la recuperación de varios rehenes en poder de la guerrilla. De acuerdo con las valoraciones que hace el Gobierno colombiano habrí­a que pensar que las FARC están siendo apoyadas hasta por el Gobierno de Francia, tomando en cuenta que los franceses están pidiendo la liberación de quien fuera candidata presidencial, lngrid Betacourt.

El uso de la fuerza no puede ser fuente de derecho ni cambiar las normas elementales de la convivencia entre las Naciones y por lo tanto ahora es urgente que la comunidad internacional use este caso para sentar un precedente. Ya que no lo pudo hacer cuando Estados Unidos y especí­ficamente el gobierno de George Bush implementó la tesis de los ataques preventivos, ahora deberá hacerlo si quiere evitar que caigamos en un perí­odo de inestabilidad mundial y de volatilidad que ponga en riesgo la paz en todos lados.

Obviamente es pobre el favor que hacen las acciones histriónicas como la de Chávez pegando de gritos a su ministro de la Defensa en un acto público para ordenarle que enví­e tropas a la frontera con Colombia. Pero guste o no guste, el hecho cierto es que Colombia se salió del orden legal y que ningún Estado puede aceptar el precedente de que ejércitos de paí­ses vecinos pueden entrar como perro por su casa al territorio ajeno para ejecutar acciones bélicas a sabor y antojo.

Salvo Guatemala, paí­s que ha tolerado que los soldados beliceños entren a nuestro territorio a cometer crí­menes, cualquier paí­s que se respete y que tenga fuerzas armadas que entiendan su deber y su función, hará valer la integridad de su territorio y la soberaní­a inherente. La Organización de Estados Americanos está llamada a jugar un papel importante no sólo para mediar en este conflicto, sino para sentar el precedente de que no es tolerable este tipo de acciones militares que comprometen seriamente la paz de la región. La alianza Colombia – Estados Unidos no puede imponer su arbitraria actitud frente a la majestad de las normas del derecho internacional.