La máxima corte de Brasil se reúne el miércoles para definir el futuro de los experimentos con células madre embrionarias, considerados inconstitucionales por un Procurador y la Iglesia Católica.
El Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá si acepta el pedido del Procurador General Claudio Fonteles de prohibir estos experimentos porque se opondrían al derecho a la vida consagrado en la Constitución brasileña.
«Este es el proceso más importante en toda la historia del tribunal porque envuelve el derecho a la vida», dijo Celso de Mello, uno de los 11 ministros que forman el STF, al diario Folha de Sao Paulo.
Las deliberaciones del STF pueden extenderse por varios días y se realizarán en su principal salón, que habitualmente tiene un Crucifijo en una de sus paredes.
Fonteles impugnó la ley de 2005 que permite experimentos terapéuticos con células madre de embriones fertilizados in vitro y descartados; esto es, que jamás serán implantados en un útero para desarrollar un nuevo ser humano.
Reflejando las ideas de la Iglesia Católica, el procurador, católico confeso, alega que «la vida comienza en la fecundación y la Constitución protege la vida».
Si el STF rechaza el planteo, los embriones podrán ser donados para estudios, previo consentimiento de los padres. Si triunfa la tesis del procurador, los embriones continuarán siendo destruidos tres años después de su congelamiento.
En los tratamientos de reproducción asistida, sólo los embriones de aspecto morfológico más saludables son transferidos al útero de la mujer. El resto es congelado por si la pareja quiere tener más hijos.
Las células madre extraídas de embriones son capaces de transformarse en cualquier tejido del cuerpo humano. Para los científicos son un tesoro que podría ser utilizado para encontrar curas al mal de Alzeihmer, lesiones medulares o trastornos provocados por problemas genéticos.
La investigación con embriones tiene como principal detractora a la Iglesia Católica de Brasil, que considera que la ley es una afrenta a la vida y un atajo hacia la despenalización del aborto.
«Estoy convencido de que esa ley abre el camino para la legalización del aborto. Esto abre la puerta para otras formas de manipulación de la vida humana», dijo el obispo Dimas Lara Barbosa, secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos.
Por su parte, el ministro de Salud, José Gomes Temporao, dijo que Brasil no puede ser presa del «oscurantismo» y perder el tren de tecnologías que luego deberá pagar más caro.
Una encuesta del instituto Ibope mostró que 75% de los brasileños admite el uso terapéutico de embriones descartados. Entre los católicos, 94% dijo estar de acuerdo con la ley, según esa encuesta solicitada por «Católicas por el derecho a decidir», un grupo que se opone a Roma en materia de aborto, experiencias con embriones y sexualidad.
La organización Conectas Derechos Humanos sostuvo que ni la ciencia ni la religión consiguen ofrecer un «criterio único» sobre el inicio de la vida humana.
«En un Estado laico la interpretación constitucional no puede ser subordinada a dogmas de fé», dijo la organización Conectas, que apoya la ley y fue escuchada por los magistrados del STF.
El pleito no detuvo la vigencia de la ley, pero institutos científicos dijeron que detuvieron sus tareas por miedo a invertir en experimentos que luego serían ilegalizados.
El gobierno por su parte destinó –desde 2005– 1,62 millones de reales (unos USD 950.000 al cambio del día) para costear estudios con células embrionarias.