Ecuador y Venezuela ordenaron mover tropas a sus fronteras con Colombia, que acusó a Quito de «convivencia» con la guerrilla de las FARC y defendió el operativo en que sus militares mataron a un jefe rebelde en territorio ecuatoriano, mientras la comunidad internacional pedía calma.
El ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos indicó que, por ahora, su país se abstendrá de aumentar el pie de fuerza en las fronteras. «Estamos en capacidad de movilizar nuestra gente, pero no vemos ninguna necesidad de hacerlo», señaló.
Anoche, después que Caracas y Quito retiraron sus embajadores y dieron la orden de desplazar tropas a la frontera, Bogotá reveló dos documentos que encontró en un computador del número dos de las FARC, Raúl Reyes, que cayó el sábado en un ataque colombiano dentro de Ecuador.
Santos dijo que esos documentos prueban que existe «una convivencia, una especie de asociación del gobierno de Ecuador con la guerrilla». También aseguró que el campamento atacado no era improvisado «como quiso insinuar el presidente de Ecuador. Llevaba muchos días».
El ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, advirtió que el Ejército está listo para posibles enfrentamientos en la frontera.
Hoy el presidente Correa activó de urgencia el Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), máximo órgano de seguridad del país, para analizar la crisis.
Correa, además, pidió que se convoque al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercosur.
Argentina expresó consternación por «la evidente violación de la soberanía» y la presidenta chilena Michelle Bachellet dijo: «Colombia le debe una explicación a Ecuador y todos los países de América Latina».
Más fuerte, el ex presidente cubano Fidel Castro culpó a Estados Unidos de que se escuchen «con fuerza» las «trompetas de guerra» en Colombia, Venezuela y Ecuador.
«Nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a permitir al Imperio (Estados Unidos) ni a su cachorro que es el presidente (de Colombia, ílvaro) Uribe que nos vengan a debilitar», dijo ayer el presidente venezolano Hugo Chávez, al justificar el retiro de embajada en Bogotá y la movilización de 10 brigadas a la frontera.
Chávez tildó a Uribe de «mentiroso», «criminal» y «mafioso», y lo acusó de ponerse al servicio de Washington.
La operación para dar muerte a Reyes recibió apoyo de inteligencia de Estados Unidos, confirmó el director de la policía colombiana, general í“scar Naranjo.
Reyes, considerado hombre de confianza de Manuel Marulanda («Tirofijo»), máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), era además el interlocutor con los enviados de Francia, España y Suiza, que intentan mediar en un canje de rehenes por rebeldes presos.
Según Colombia, uno de los documentos encontrados junto al cadáver de Reyes, muestra que el ministro ecuatoriano de Seguridad Gustavo Larrea había entrado en contacto con Reyes y le expresó interés de oficializar relaciones con el secretariado (cúpula) de las FARC.
«Es una patraña que merece el rechazo total», dijo el embajador de Quito en Bogotá, Francisco Suescum, al regresar a su país.
Entre tanto, los tres pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela mantenían su actividad normal y lo mismo ocurría en el puente de Rumichacha que une al sureño departamento colombiano de Nariño con la provincia ecuatoriana de Carchi, según corresponsales de radios locales.
Brasil, España y México, hicieron sendos llamados a recurrir a las vías diplomáticas para superar las tensiones.
Marco Aurelio García, principal asesor de la presidencia brasileña, dijo que se está movilizando «toda la fuerza de la diplomacia brasileña y de otras capitales sudamericanas para reducir al máximo la tensión».
Por su parte, el gobierno español hizo un «llamamiento a la calma» a las autoridades de Venezuela, Colombia y Ecuador y le pidió «que resuelvan sus diferencias, utilizando los canales diplomáticos».
En Ginebra, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el vicepresidente colombiano Francisco Santos reclamó a sus vecinos que cumplan con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad que impide dar «refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo».