Llegó el momento en que se asuman responsabilidades en el país y por lo tanto no se puede pasar por alto la que corresponde a quienes por acción o por omisión tuvieron que ver en el fatídico percance del pasado viernes por la noche, cuando decenas de guatemaltecos perdieron la vida. Obviamente el primer responsable fue el piloto del bus, quien falleció en el lugar del choque, pero quien lo contrató sin preocuparse por su inexperiencia ni por la falta de una licencia profesional (que tampoco es mucha cosa), debe ser encausado penal y civilmente.
Pero cuando vemos que pese a la ley, el autobús que chocó no tenía seguro para sus pasajeros, es imperativo que la autoridad responsable de llevar el control de ese requisito legal también asuma su propia responsabilidad y sea acusada de incumplimiento de deberes, lo que daría lugar a sanciones legales y además penales. Lo mismo con las autoridades encargadas de controlar el tránsito que permitieron a un piloto sin siquiera llenar el elemental y pobre requisito de tener licencia profesional para la conducción de vehículos, tendrían que ser encausados.
La única forma en que en Guatemala haremos que todos nos vayamos ocupando de cumplir la ley es si se deducen responsabilidades a quienes desde el ejercicio de funciones públicas apañan actos ilícitos. Podrá decirse que sería un precedente delicado hacer responsable a un funcionario por delitos cometidos por particulares, pero en este caso estamos frente a hechos que se derivan del incumplimiento elemental de deberes de quienes asumieron un cargo jurando que harían cumplir la ley.
El Estado no puede obviar la responsabilidad que hay en este caso y es tiempo de que se exija a los funcionarios públicos que asuman la que les corresponde. Repetimos que si el Director de Transportes Extraurbanos del Ministerio de Comunicaciones es el encargado de llevar el control y registro de las pólizas de seguro que tienen que amparar la operación de las unidades que prestan el servicio, debe pagar las consecuencias de su omisión para exigir ese requisito al dueño de la empresa de transporte.
Creemos que en el caso del dueño del bus, sea o no diputado, tiene que aplicarse con rigor la ley para que sea encarcelado por la responsabilidad que solidariamente le corresponde por el crimen cometido al confiar un bus de pasajeros a una persona sin la preparación ni experiencia para asumir esa función. Los accidentes se suceden cabalmente porque nuestra ley es demasiado floja para aplicarse a los dueños de las empresas de transporte quienes siempre gozan de la más absoluta impunidad luego de que pasajeros que se transportaban en sus unidades pierden la vida. El día en que se mande a prisión a uno de esos señores, seguramente que todos sus colegas empezarán a ser más cuidadosos a la hora de contratar pilotos para que conduzcan sus unidades y serán también más exigentes en cuanto al mantenimiento que se debe dar a los autobuses.
Esperar que por el dolor de esta tragedia se aprenda y cambien actitudes es torpe, porque la ambición puede más y lo único que puede interponerse para mejorar las condiciones es la posibilidad de que un dueño de bus que actúa irresponsablemente, vaya a la cárcel y mediante la acción civil, sea despojado de sus bienes para cubrir los daños y perjuicios causados a las víctimas y sus familiares. El ministerio público, así con minúsculas, debiera de buscar todos los recursos legales para sancionar a estos empresarios que basan sus utilidades en ahorros que al final se traducen en un macabro juego de vida y muerte para los usuarios.