Pocos dí­as después mi sobrino fue baleado y secuestrado por varios hombres armados que se transportaban en un automóvil de caracterí­sticas ignoradas, porque el único testigo fue su inocente hijo, a pocas cuadras de la casa donde viví­an. A partir de ese momento comenzó una infructuosa búsqueda en cuarteles militares, comisarí­as policí­acas, hospitales, cárceles y cuanto lugar pudiera considerarse que se encontrarí­a retenido contra su voluntad.

Lo más dramático fue intentar identificar su cuerpo entre decenas de cadáveres que yací­an en las frí­as losas de las morgues, ante la indiferencia de las autoridades de cualquier í­ndole. Una tarde de esas, al levantar la sucia sábana que cubrí­a el cuerpo inanimado de un hombre, yo me imaginé haber descubierto los rasgos de Zacarí­as en el rostro amoratado del difunto; pero la esposa de mi sobrino no lo reconoció.

Así­ fueron transcurriendo los dí­as, las semanas, los meses y los años, sin la presencia de mi sobrino, hijo de mi hermana Martha Josefina, mientras su esposa se dedicó a trabajar y a velar por su hijo, ahora convertido en un joven adulto que jamás volvió a disfrutar del amor y protección de su padre.

Unos 15 años antes, quizá, otro pariente y contemporáneo mí­o, de nombre Mario, que manejaba un taxi en Malacatán, San Marcos, también fue ví­ctima de la represión indiscriminada, sólo porque este primo mí­o en segundo grado, en una fiesta popular bailó con una señorita a la que pretendí­a un uniformado. Nunca se supo de su paradero.

Historias como éstas abundan por decenas de miles, y es por eso que multitud de esperanzas se han levantado ante la declaración que formuló el presidente ílvaro Colom precisamente el dí­a en que se conmemoraba el Dí­a Nacional de la Dignidad de las Ví­ctimas de la guerra interna, anunciando que su gobierno hará públicos todos los archivos del Ejército, con el propósito de esclarecer el paradero o la suerte que corrieron más de 200 mil guatemaltecos, durante el sangriento perí­odo del conflicto armado.

El gobernante fue enfático al indicar que se realizarán todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar a la verdad de cada uno de los casos, algo verdaderamente difí­cil, en vista de la magnitud de la represión militar, sobre todo si se toma en consideración que, según las investigaciones del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), miembros del Ejército participaron en más del 90 por ciento de las violaciones a los derechos humanos, durante los 36 años que se prolongó la guerra interna.

Sin embargo, aunque parezca sumamente difí­cil esclarecer la totalidad de las masacres, los asesinatos individuales, las desapariciones forzadas, secuestros, violaciones sexuales, torturas, amenazas, intimidaciones y otra clase de delitos similares, se abre la posibilidad de que algún porcentaje de esos execrables hechos sean investigados y que los culpables sean juzgados y castigados penalmente, para que los crí­menes cometidos al amparo de la defensa de las flamantes instituciones democráticas (¡!) no queden impunes.

Al margen de que se imparta justicia, quizá lo más importante es que cientos de miles de familiares de guatemaltecos de uno y otro sexo, de diferentes edades, de distintos credos religiosos, de variadas etnias y de diversidad de pensamiento puedan lograr recuperar aunque sea la osamenta de sus seres queridos, para sepultarlos decentemente y dignificar su memoria.

Por supuesto que tan pronto como el presidente Colom hizo el anuncio, de inmediato se alzaron las voces de quienes pretenden justificar u olvidar las innumerables violaciones a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la libertad y la justicia, cometidos por los gobiernos autoritarios, y de esa cuneta, por ejemplo, el militar Mario Mérida, ex viceministro de Gobernación a quienes complacientes periodistas califican de analista polí­tico, tuvo la desfachatez de afirmar que la decisión del presidente Colom no tiene más objetivo que «explotar el morbo».

Por su parte, el general José Luis Quilo Ayuso, dirigente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala aseguró que de cumplirse el ofrecimiento del mandatario, es decir, desclasificar documentos secretos, se estarí­a violando el artí­culo 30 de la Constitución Polí­tica de la República, en el sentido de que los expedientes que incluyan asuntos de carácter militar o diplomático que se refieran a temas de seguridad nacional, no pueden ser revelados.

Ante ese pobre argumento cabe preguntarse si estuvo en riesgo la seguridad nacional al haberse ejecutado la masacre de decenas de hombres, ancianos, mujeres y niños de Rí­o Negro y otros casos similares. ¿Y es, acaso, tema de seguridad nacional, el secuestro y posterior ejecución extrajudicial de mi sobrino Zacarí­as?

Al no descartar la posibilidad de que la asociación de jubilados militares interponga una acción de inconstitucionalidad contra la resolución presidencial, Quilo Ayuso llega a contradecirse porque asevera que el Ejército no tiene nada que ocultar; pero, en todo caso, señala con evidente cinismo que «No hay nada de lo que andan buscando. Tengan la plenitud que nada estará escrito, si existiera responsabilidad del Ejército».

(Romualdo Tishudo sólo atina a comentar: Si no hay nada que esconder, lo más sencillo es que se muestren los archivos, sin necesidad de apelar a eventuales acciones de inconstitucionalidad).