Por Luis Mack,
Director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales
Escuela de Ciencia Política de la Usac
Pese a que el tema de la reforma y modernización del Estado ha sido recurrente en el discurso oficial y en los planes de gobierno desde hace ya varios años, no es sino hasta finales del 2007, en las postrimerías del gobierno de í“scar Berger, que se presenta un documento oficial que aspira a servir como norte estratégico para consolidar el proceso, y aun así, un análisis serio del mismo no deja de ser desalentador.
El problema fundamental que han tenido todas las discusiones y documentos que han abordado el tema es que pretenden reducir el proceso de reforma y modernización del Estado a un aspecto meramente técnico y de procedimientos administrativos, por lo que es común que se mencione una larga lista de aspectos que pertenecen a la categoría del «deber ser»: por ejemplo, mejorar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y lograr así, la priorización del gasto público en base a ciertos criterios sociales y de inclusión de los grupos más pobres y marginados.
Sin embargo, ningún proceso ni discusión sobre la reforma del Estado ha considerado el nudo georgiano que favorece que ese cúmulo de declaraciones e intenciones se queden en eso, en palabras que no transforman en lo más mínimo la matriz institucional del Estado guatemalteco. Y es que el problema fundamental no es técnico, sino político. Así, la modernización del Estado no empezará a ser una realidad hasta que se reconozca que el problema fundamental es que existe una fuerte inercia que permite que las decisiones políticas se contrapongan a las técnicas. Un ejemplo de ello es el proceso de aprobación de la inversión pública territorial que se realiza a través del sistema de Consejos de Desarrollo y que se integra al Listado Geográfico de Obras que aprueba el Congreso: en varias etapas del proceso, hay mucha posibilidad de que tal ejercicio de priorización sea alterado por decisiones cupulares y negociaciones políticas que echan por tierra cualquier criterio de inversión técnicamente consensuado de los diversos actores locales y departamentales. Y mientras existan operadores políticos que se sitúen por encima de los procedimientos técnicos, no habrá proceso de reforma y modernización que valga!
Ejemplos de lo anterior abundan en la administración pública: el ejemplo más claro es el proceso de destitución del dirigente magisterial Joviel Acevedo, al cual se le ha seguido un procedimiento judicial para destituirlo, basado en las faltas administrativas y/o laborales que pudiera haber cometido. Sin embargo, el problema es que ese aspecto técnico no puede desligarse de una aparente intencionalidad política: habiendo sido Joviel un actor que sistemáticamente entorpeció el proceso de reforma educativa, para muchos de sus seguidores ésta no es sino una revancha en contra de un dirigente sindical. Tal razonamiento no deja de ser válido, en el sentido de que en Guatemala abundan los casos de personajes que pese a que han violentado el ordenamiento legal, no ha habido poder judicial ni estatal que haya podido castigarlos. Así, el problema de fondo es la discrecionalidad política: los procedimientos de la justicia parecen ser diligentes y eficaces, o ineficientes y tortuosos, dependiendo de quién se trate, generando entonces una doble moral en la que el factor técnico se supedita a las redes de influencia que tenga el sujeto.
De la misma forma, para nadie es un secreto que los procedimientos formales en la administración pública, pueden ser evadidos si se conoce o se recurre a la persona indicada: si no, basta dar una vuelta por el Ministerio de Finanzas y hablar con los muchos tramitadores que ofrecen evitar la maraña de colas y procedimientos burocráticos mediante el pago por el servicio, y tales redes de intermediarios puede ser vista en muchas otras dependencias públicas.
En síntesis, mientras no se reconozca que el problema es la sobredimensión de las decisiones políticas que alteran, modifican o trastocan los criterios técnicos, la retórica de la reforma y modernización del Estado no será más que eso: un discurso bonito y a lo mejor bien articulado, pero muy lejos de ser una realidad.