La decisión del presidente Colom autorizando la desclasificación de los archivos del Ejército debe ser analizada bajo tres aspectos: Político, jurídico y de seguridad.
En el aspecto político es indudable que el Presidente quiere quedar bien con los grupos de derechos humanos que han hecho de esta materia un negocio, un modo de vida. Pero con esta decisión, al mismo tiempo, traiciona a todos aquellos que, en su momento, defendieron al Estado y la ley, y quienes además le han venido apoyando en su trayectoria como empresario exitoso y funcionario público probo. Adicionalmente, las declaraciones del Presidente, dentro del contexto dónde las dijo, pueden percibirse como burda politiquería, dejando a un lado las promesas de paz, reconciliación y unidad nacional que tanto exalta.
En el aspecto jurídico, tomando como base el Artículo 30 de la Constitución Política de la República, la decisión del Presidente sería inconstitucional, violando el Estado de Derecho que él tanto proclama defender. Más bien, en su calidad de Presidente de la República y Comandante General del Ejército, Colom, podría elaborar una iniciativa de ley que desarrolle el Art. 30 constitucional a la luz del interés nacional, de la seguridad y el bien común. Una iniciativa que en primer término contemple los criterios o normas que manejan los historiadores en el sentido de dejar como mínimo un lapso de 50 ó 100 años para darlos a conocer, siempre y cuando éstos no afecten al interés y seguridad nacional. Y, en segundo término, para no cometer el error que se dio con los archivos encontrados en la Policía Nacional, los cuales están siendo manipulados por un excombatiente de la URNG, lo que podría provocar la alteración de los documentos o incorporación de documentos falsos, constituyéndose en prueba contaminada en futuros juicios que se intenten realizar.
Por otro lado, desde el punto de vista de la equidad, aún se desconoce los listados completos de los que pertenecieron a la guerrilla, de los hechos realizados y de aquellos que fallecieron para efectos de ir en pos de la verdad. Bajo este criterio, también se desconoce en dónde la guerrilla enterró a sus muertos y los nombres de quiénes están ahí enterrados. Con esta información se podría establecer sí realmente las personas que aducen ciertas organizaciones de derechos humanos están desaparecidos o más bien murieron en las acciones guerrilleras.
En el aspecto de Seguridad, este es el más afectado, ya que al no respetarse la garantía constitucional de confidencia, la información y denuncias relacionadas con la narcoactividad, terrorismo y maras comunicadas a las instituciones de seguridad por guatemaltecos responsables, quedarían expuestas. Ya que al dar a conocer sus declaraciones en un período inmediato, los declarantes quedarían en un estado de vulnerabilidad ante acciones de venganza.
Soy un creyente de la verdad y la justicia, pero no concibo estos conceptos para satisfacer mi venganza, sino a la luz de la reconciliación nacional.
General de Brigada (R) Víctor Manuel Argueta Villalta