Cuando un gobierno atraviesa por dificultades y problemas derivados de las contradicciones que lo afectan y, en lo fundamental, ante su imprevisión de no haber alcanzado a calcular que en cien días no es posible empezar a resolver, por ejemplo, lo referente a la inseguridad ciudadana, los pasos dados y las medidas adoptadas, más parecen producto de la improvisación que de una política de Estado.
El Congreso de la República, por su lado, recientemente acordó restablecer el derecho de indulto a los condenados a la pena de muerte sin percatarse, en su precipitación, que en lugar de ayudar a quien gobierna; lo que le ocasiona son más problemas y contratiempos tanto en lo nacional como internacionalmente.
Esta decisión legislativa es de las decisiones que muy bien pueden caracterizarse como decisiones de fuerza y bien sabido está que no es así como una gestión gubernamental se fortalece sino lo que pone de manifiesto es su debilidad institucional y carencia de sustento político.
En un momento en que nada parece estarse decidiendo y resolviendo, sino complicándose más, para salir del atolladero al que lo empujó su propia bancada en el Congreso, el gobernante dijo a principios de la semana haber ordenado la apertura de los archivos del Ejército.
Sólo para quienes es difícil desentrañar los alcances de una medida de esta naturaleza, pueden caer en la trampa de creer que ahora sí se está a las puertas de saber todo lo que urdieron y ejecutaron los militares de alto rango en los más altos cargos de la estructura y línea de mando, contra la población guatemalteca, mayoritariamente civil, durante el enfrentamiento armado interno. Y esto es así ya sea porque nada quedó por escrito o porque si algo había ya hubo tiempo para borrarlo o destruirlo y no dejar ninguna huella.
Lo que sí es cierto es que por poco que fuera lo que se lograra encontrar en los archivos de la institución armada, lo cual -repito- no presupuesto que vaya a ser posible, sería de mucha utilidad para continuar completando lo que se ha avanzado en el rescate de la verdad de lo acontecido no sólo de 1960 a 1996 sino en años atrás; es decir, a partir del 27 de junio de 1954.
Decisiones demagógicas como ésta, sólo sirven de cortina de humo para distraer a la opinión pública de los cada vez más graves problemas por los que se está atravesando en el momento actual, ganar tiempo, y tratar de aplacar el cada vez más generalizado descontento ante el inmovilismo gubernamental y los vacíos de autoridad que se están dando en distintos lugares del país.