Le emisión de leyes relacionadas a la seguridad ciudadana en el Congreso de la República presenta pocas alternativas y muchas restricciones. Autoritarismo es la palabra con la que algunos analistas califican la legislatura, situación que coincide con la serie de diputados ex militares y asesores que, alguna vez, también pertenecieron a la institución castrense.

Si bien es cierto, la necesidad que tiene la sociedad de un marco jurí­dico que garantice el Estado de Derecho es urgente, en el Organismo Legislativo la emisión de estas leyes no sólo es encaminada por la negociación polí­tica, sino también por la lí­nea ideológica de algunos diputados y asesores que, en su mayorí­a, se concentran en bancadas como la del Partido Patriota, Gana y el mismo bloque oficial.

Reactivación del indulto

«Esta normativa, además de ser una payasada representa una trampa polí­tica para el Presidente, considero que es un retroceso en materia de democracia, incluso en materia de legislación, porque lejos de resolver otro tipo de elementos, de asegurar y fortalecer las estructuras de investigación criminal y persecución al crimen. En esta ley, igual que la normativa antimaras, se desnuda la vocación autoritaria, el enfoque militarista, represivo y de eliminación fí­sica de las personas que domina la doctrina con que fueron formados y siguen formando a los militares y que se ve reflejada en su accionar, supuestamente en un espacio civil», describe Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (Sedem), quien, además, señaló que la represión en las leyes se da por la formación contrainsurgente de diputados y asesores legislativos, por la vocación autoritaria de algunos partidos polí­ticos representados en el Congreso como el Patriota, el Frente Republicano Guatemalteco, el grupo de congresistas que recientemente abandonaron la Gana y la UNE.

Sin embargo, no todas las leyes pueden ser calificadas como represivas, advierte Hernández, pues en el caso de la Ley de Armas y Municiones se han trastocado puntos necesarios y se establecen diferenciaciones necesarias, pero aún hay privilegios para dueños de fincas, con lo que se crea espacios favorables para grupos con prerrogativas. La analista también señala la necesidad del toque represivo en el tema de armas, porque las fuerzas de seguridad deben tener un enfoque preventivo, pero para fines de la persecución criminal debe haber represión.

Leyes sin visión

La directora de Sedem asegura que es preocupante que existan proyectos de ley sin visión técnica. Hernández hace referencia especí­fica a las reformas al Código Penal y Procesal Penal que ayer presentara la bancada del Partido Patriota y que provocara malestar entre los miembros de la UNE. La propuesta del bloque de oposición está versada sobre una enmienda que postula la necesidad que los jueces acudan a los centros de detención para recoger la declaración de reos de alta peligrosidad, y así­ evitar fugas y asesinatos, recurrentes en los traslados hacia la Torre de Tribunales.

«En este caso, si estamos hablando de personas con recursos vinculados al crimen organizado, para mi lo preocupante es que esto pondrí­a en un altí­simo nivel de vulnerabilidad a los jueces. Es mejor asegurar las condiciones en que los reos son desplazados desde los centros de detención hacia los sitios donde se les toma la declaración, para evitar que se ponga en riesgo la vida de jueces que actúan correctamente», recomienda Hernández.

Izquierda sin esperanza

El diputado Héctor Nuila, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Movimiento Amplio de Izquierdas, URNG-MAIZ, expresó que, si bien es cierto al momento de consensuar las leyes se logran acuerdos, los intereses externos incluidos en normativas como la de armas y municiones, se hacen sentir dentro del pleno al momento de la redacción final, cuando algunos representantes de esas fuerzas presentan cambios repentinos a la ley. «Habrá que ver» dice con espectitiva el legislador, como preparándose para las sorpresas.

Impunidad y olvido

Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, las leyes emitidas por el Congreso en materia de seguridad durante los últimos dí­as no tienen toque represivo, «pero sí­ impunidad y olvido, porque, por ejemplo, la ley de libre acceso a la información no se ha querido apoyar. Esta serí­a una ley invaluable y serí­a importante tener acceso a toda la información pública y, es sorprendente que un partido que se dice socialdemócrata tenga tantos militares a su alrededor. Tengo la esperanza de que hayan hecho un análisis y que sean personas no vinculadas a hechos de violencia del pasado», criticó la legisladora, en referencia a los allegados a la Unidad Nacional de la Esperanza.

Como un «retroceso y marcha atrás» califica Montenegro la reactivación del indulto, aunque admite que este tipo de medidas son necesarias cuando existe saña y alevosí­a en los asesinatos, sobre todo contra mujeres en estado de gestación, que evidencian descomposición social, pero recomienda que se pongan en práctica «medidas preventivas y no sólo represivas».