Los diputados dan los últimos toques al proyecto de ley de armas y municiones que mañana será aprobado en redacción final, después de discutirlo por más de cuatro años. La normativa sería aprobada por más de 80 legisladores que han dado el visto bueno a una propuesta que endurece las penas contra la portación ilegal y restringe el acceso a fusiles de asalto.
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Mañana será un día crucial para el pleno del Congreso, pues se tiene prevista la aprobación en redacción final de una polémica normativa que fue presentada en 2004 por el unionista Pablo Duarte, quien en aquella ocasión ingresó un arsenal al hemiciclo. Hoy el Partido Patriota, la UNE, Unionista, Gana, Encuentro por Guatemala y FRG han llegado a consensos sobre penas más severas, pero prefieren reservarse los cambios «para no truncar la negociación».
Prohibiciones con salvedad
Otto Pérez Molina, durante su acostumbrada reunión con el bloque Patriota aseguró que la sociedad civil no debe temer al desarme. «En las armas de uso civil están revólveres, pistolas de todo calibre y escopetas hasta de 24 pulgadas. Se prohíbe el uso de fusiles AK-47, M-16, AR-15 y los que de alguna manera están utilizando este tipo de armas deberán entregarlos. Pero quedan casos especiales para personas amenazadas o que corran algún peligro, pueden gestionar ante el Ministerio de Gobernación para que autorice no sólo la tenencia, sino también la portación», explicó Pérez Molina, mientras señalaba que esta excepción se hará en casos muy especiales.
Sanciones severas
Se tipificaría como delito con penas de entre 15 y 20 años de prisión a quienes, utilizando armas de fuego, blancas, hechizas, artesanales o que simulen ser algún tipo de arma, exija en forma violenta o mediante intimidación la entrega de bienes muebles e inmuebles o dinero. Con esto se pretende que las extorsiones sean castigadas, sobre todo cuando se utilice un arma.
Para quien utilice armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, como fusiles de asalto u otras armas bélicas sin licencia ni permiso, las penas oscilarían entre 10 y 15 años. Con esto se pretende que estas armas, utilizadas por grupos del crimen organizado, se restrinjan a las fuerzas de seguridad. Las penas fueron propuestas por los Unionistas y consensuadas con la comisión de Gobernación.