El vicepresidente Rafael Espada indicó que el gobierno analiza la Ley Reguladora de la conmutación de la pena de muerte para establecer si se dará luz verde a la ejecución de los condenados a este castigo.

En conferencia de prensa, el vicemandatario explicó que el Gobierno realiza diversos análisis con cientí­ficos y expertos en leyes para comprobar si realmente esa pena es un disuasivo de los comportamientos antisociales de los criminales.

Basado en las conclusiones de los estudios, el presidente ílvaro Colom tomarí­a la decisión que le confiere la ley para vetar la ley o aprobarla, y dar seguimiento a las ejecuciones de los criminales que han cometido crí­menes de alto impacto.

Espada expresó que personalmente se opone a la pena capital y reconoció que en la ideologí­a del partido socialdemócrata, que le llevó al Gobierno, también existe negativa para ese tipo de condenas.

El Vicepresidente recordó el juramento hipocrático que realizó cuando estudió medicina en la Universidad, en el cual se comprometió a esforzarse durante su vida para salvar la vida de los seres humanos y no para acabar con ella.

Rechazo internacional

La postura de la Unión Europea (UE) fue exteriorizada por el embajador de Francia, Norbert Carrasco-Saulnier, quien en un comunicado asegura estar preocupado por los avances que ha tenido la ley en el Organismo Legislativo y el Gobierno central y estima que debe suspenderse con prontitud toda práctica legal que prive de la vida a cualquier persona.

La UE recordó que Guatemala votó en la Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en favor de la resolución relativa a una moratoria en el uso de la pena de muerte el 18 de diciembre del 2007 con el fin de abolir la pena de muerte.

Espada no descarta que en el futuro se promueva una ley que prohí­ba la pena de muerte para evitar que esta se restituya en cualquier momento.

Iglesias se oponen

Las iglesias cristianas del Consejo Ecuménico de Guatemala (CEG) se pronunciaron contra la pena de muerte, aduciendo que esta «nada más aumenta la espiral de violencia» y «ocasiona más dificultades para alcanzar la paz social».

Al respecto, Vitalino Similox, del CEG, aseguró que la pena no reducirá los niveles de inseguridad y por el contrario, el uso de medidas violentas por parte del Estado provocará una crisis más grave y tendrá impactos negativos para toda la población.