Siempre hemos pensado que la reconciliación de la sociedad guatemalteca no puede surgir de un borrón y cuenta nueva, sino del perdón que es resultado de que sabemos qué estamos perdonando y a quién estamos perdonando. La reconciliación no es posible del simple hecho de pasar la página de la historia y borrar de nuestra memoria todo lo ocurrido durante tantos años y por ello es que, sin que prevalezca el ánimo de venganza, sí creemos que es indispensable esclarecer nuestra historia, saber exactamente qué ocurrió durante los años del conflicto armado y los niveles de participación de sus actores.
Y cuando decimos sus actores no estamos hablando sólo de los miembros de las fuerzas armadas y de los policías que les secundaron en las labores represivas. También creemos que es preciso conocer el papel de la insurgencia durante el conflicto, porque excesos hubo en ambos bandos y todos atacaron a víctimas inocentes y esos hechos no pueden ser objeto de un borrón y cuenta nueva.
Creemos que es una decisión no sólo acertada sino, además, valiente de cara a la historia la que ayer anunció el presidente Colom al decir que los archivos militares serán abiertos para que no encubran nuestra verdad. Cierto es que no debe hacerse nadie grandes ilusiones ni generar grandes expectativas al respecto, porque es preciso saber que muchas de las órdenes más atroces giradas en uno o en otro bando no fueron documentadas por escrito; ningún jefe, ni militar ni guerrillero, iba a dejar constancia escrita de una orden para asesinar o torturar a alguien porque aunque creyeran que estaban librando una guerra justa, sabían perfectamente cuándo estaban actuando de manera brutal e injusta. El derecho natural, ese que nos indica la diferencia entre el bien y el mal sin necesidad de mayores estudios, no era ajeno a los guerreros del conflicto armado guatemalteco y por lo tanto no eran tan torpes como para dejar huellas.
Habrá, eso sí, indicios de cómo operaban las unidades militares y tras de quiénes andaban en sus investigaciones. Se podrá saber la ubicación de esas unidades y por lo tanto su composición para determinar quiénes estaban operando en los lugares donde ocurrieron las grandes masacres, los hechos más brutales. Pero nadie espera que aparezca una orden militar en la que se instruía a las patrullas a masacrar, mucho menos órdenes expresas para que las mujeres fueran violadas y los niños asesinados.
Tampoco podríamos pretender que en una eventual decisión de la guerrilla de transparentar sus documentos para ayudar a esa reconciliación basada en un perdón que sólo puede ser real cuando se sabe qué perdonamos y a quién perdonamos, aparezca una orden de ejecución o de masacre (que también las cometió).
Repetimos que es importante el esclarecimiento de la verdad y que mientras más sepamos más podremos perdonar. En ese contexto es que nos parece correcta la decisión del Presidente de la República en su carácter de comandante general del Ejército al instruir a su Ministro de la Defensa para que esos documentos puedan ser públicos. Pero pasará mucho tiempo para su clasificación y para saber si realmente hay en ellos algo de verdadero valor. En el caso de la Policía Nacional hemos visto que el esfuerzo de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido intenso y todavía falta mucho trabajo por hacer para clasificarlos propiamente.
No se trata de reabrir heridas, porque las heridas no han cicatrizado debido, precisamente, a que se cree que el borrón y cuenta nueva todo lo cura y eso es falso. Mientras haya muertos y muchos sigan como desaparecidos, la herida sangra, la herida duele y no puede curarse mágicamente. Lo haremos en la medida en que más sepamos de la verdad.