El 29 de abril del año pasado, dos hombres y una mujer abordaron un bus urbano y perpetraron un asalto, uno de los pasajeros dio aviso a la Policí­a Nacional Civil (PNC), quienes interceptaron a los delincuentes, según se lee en la acusación del Ministerio Público (MP). Hoy inició el juicio contra los entonces aprehendidos.

César Adolfo Prado Andrade, José Manuel Orellana Urrea e Ismenia Claidé Fernández Quezada fueron conducidos hacia el decimoquinto nivel de la Torre de Tribunales para presenciar el inicio de debate oral y público por el delito de robo agravado.

Los ahora procesados fueron enviados a juicio diez meses después del asalto a un bus urbano de la Ruta 82 que circulaba por una de las avenidas de la zona central en abril último.

Los hechos

Según la acusación emitida por el MP, los enjuiciados fueron aprehendidos en la 11 avenida y 3ª. calle, Barrio Moderno, de la Zona 2 capitalina, después que dos pasajeros de un bus que se conducí­a hacia el Hipódromo del Norte dieran aviso a los elementos captores de la PNC sobre la ejecución de un asalto dentro del colectivo.

«Los capturados habí­an abordado un bus una cuadra después del Mercado Central, y se encontraban despojando de sus pertenencias a las personas de dicho bus: dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino», quienes al verse descubiertos bajaron apresuradamente del bus pretendiendo huir, pero fueron aprehendidos», dicta la acusación planteada por el MP.

A Prado Andrade le fue incautado un teléfono celular valorado en Q 500, el cual fue reconocido por la propietaria Juana González. También se le decomisó un machete con el que aparentemente amedrentaba a sus ví­ctimas «bajo amenazas de muerte».

A Fernández Quezada le fue incautada una cartera de mano que contení­a dinero en efectivo, la cual fue también reconocida por su propietaria, quien viajaba en el bus minutos antes asaltado. A Orellana Urrea, asimismo, le incautaron un celular al momento de su captura.

MP y las pruebas

Iduvina Hernández, analista en temas de seguridad de Seguridad en Democracia (Sedem), opinó que el anterior caso «demuestra la infuncionalidad del MP, porque se tardó un año para reunir evidencia, prepararlo y llevarlo a acusación», enfatizó.

El MP ha argumentado en diferentes ocasiones que uno de los principales obstáculos en este tipo de procesos es la falta de denuncia o comparecencia de los testigos o ví­ctimas. Al respecto la analista entrevistada comentó que detrás de ello existe un sistema poco eficiente en protección de testigos y agregó que es indispensable el fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para procurar el desarrollo de una prueba cientí­fica y que «el proceso no descanse en la prueba testimonial», explicó.

La Fiscalí­a Contra Secuestros y Extorsiones reportó que han sido capturadas nueve personas declaradas en flagrancia, las cuales pudieron haber sido coordinadas desde las propias prisiones del paí­s. En ese marco, la sección de delitos contra la vida del MP realizó una requisa el pasado viernes en la cárcel de Chimaltenango, donde se decomisaron 25 teléfonos celulares que presuntamente eran usados para dirigir los delitos contra pilotos y empresarios del transporte.