El reloj marcó las ocho de la noche: Pedro tomó su par de guantes de cuero, el gorro pasamontañas negro, la chumpa de piel y un bate. Se despidió de su joven esposa y de su hijo de dos años que aún no había conciliado el sueño. Afuera de su casa lo esperan cinco hombres que coinciden con su indumentaria, uno de ellos tiene un rifle y el resto está armado con machetes, cuchillos y otros objetos artesanales. Juntos se encaminan hacia uno de los parques de Bárcenas, Villa Nueva, donde aguardan otros de sus vecinos. Pedro no logra reconocer a sus colegas, porque al igual que él, todos tienen el rostro cubierto.
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La noche continúa y para no perder tiempo, se concilian las indicaciones para iniciar el patrullaje nocturno.
«Los mareros como chingan», alcanzó a decir un tal Carlos, a quien le tocó guardia, junto a unos veintinueve hombres más en una de las principales entradas a Bárcenas.
Ya son las diez y hace frío, mientras el fragor de los disparos se hace más cercano y habitual.
En la entrada principal, un encapuchado comparte el café caliente preparado por su hermana. Nadie sabe cómo se llama el abnegado camarada, sin embargo aceptan la bebida caliente, mientras tanto, un vehículo se estaciona a unos cuantos metros del lugar y del interior del mismo comienzan a disparar contra el grupo; todos buscan un resguardo, pero es de noche y el alumbrado público es casi nulo.
Sin pensarlo dos veces, los patrulleros responden al ataque: el enfrentamiento dura unos minutos. No hay muertos ni heridos, pero los cascabillos quedaron muy cerca del termo de café. El carro se ha ido. El patrullaje continúa…
Este es uno de los muchos grupos que se han formado en algunas comunidades, producto de la creciente inseguridad y la falta de protección de parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Este contexto ha permitido que se formen con mayor frecuencia las «Juntas Locales de Seguridad». Pero, si bien estos grupos han logrado reducir de algún modo la delincuencia en sus comunidades, se han convertido en un arma de doble filo.
La Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido varias denuncias debido a que en algunos casos la labor de estos patrulleros se ha excedido cayendo en abusos y violaciones a los derechos humanos.
De esperarse
Manfredo Marroquín, representante de Acción Ciudadana, opina que la organización de grupos de vecinos para procurar la seguridad en diferentes sectores es una respuesta a la inseguridad en la que vive el país y a la falta de certeza que da el Estado a los ciudadanos en cuanto a garantías de la propia vida.
«Es una respuesta lógica de la gente el organizarse para autodefenderse de la delincuencia que azota al país», afirmó Marroquín, y agregó que el Estado debería tener mecanismos más eficientes para que estas juntas de seguridad local colaboren con éste, pero dentro de un marco de respeto a la Ley.
De acuerdo con el entrevistado, los ciudadanos que forman parte de estos grupos deben ser considerados como «colaboradores», mas no «sustitutos» de la función primaria del Estado, pues a él le corresponde brindar seguridad; sin embargo, se ha mostrado mucha ineficiencia en aprovechar la organización de los vecinos.
El representante de Acción Ciudadana agregó: «Sí aprobamos la creación de las juntas pero dentro de un marco de legalidad, es decir, que se organicen pero bajo el respeto de las leyes y la Constitución».
Observación
Javier Monterroso, analista del Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOSS), considera que las únicas funciones que las juntas en mención deberían tener son la discusión de los problemas de seguridad en las comunidades y la creación de mecanismos de alerta en caso de conflictos.
«Lo que no es posible aceptar es que estas personas tengan facultades coercitivas sobre las otras personas, porque esa facultad es monopolio del Estado», explicó Monterroso.
El analista del FOSS explicó que la acción de portar armas, muchas veces no registradas, y transitar con el rostro cubierto constituye un delito porque se crea un cuerpo ilegal de seguridad, mismo que está tipificado en el Código Procesal Penal.
«Seguridad privada»
Los datos del Ministerio de Gobernación señalan que mientras existen en la actualidad 150 mil policías privados, sólo hay 20 mil miembros de la PNC y 15 mil efectivos militares. Al respecto Monterroso explicó que ese caso se convierte en una problemática.
«Nadie nos garantiza que la seguridad privada esté capacitada; que tengan conocimiento en el manejo de armas. Además no hay quién regule que estos grupos privados se conviertan en conjuntos delictivos. í‰sta tiene que ser regulada por el mismo Estado y mejorar las condiciones laborales internas», expresó el experto.
El más conflictivo
San Juan Sacatepéquez es otra de las regiones donde se han conformado, por iniciativa de los mismos habitantes, los grupos de patrulleros nocturnos y es además una de las que más conflictos han presentado en ese tema.
Un informe de inteligencia civil, remitido al Ministerio de Gobernación en los primeros días de febrero constataba que el 20 de enero en la aldea Loma Alta, San Juan Sacatepéquez, fueron ejecutados tres hombres, presuntamente por éstos grupos. Las víctimas fueron los hermanos Florentino y Erwin Canel y José Irineo. Unas 100 personas llegaron a la casa de los ahora fallecidos acusándolos de pandilleros. Los sacaron de la casa y los ejecutaron de varios disparos en la cabeza.
El hecho fue atribuido a los grupos que patrullan ese municipio cuya idea original era evitar las acciones de los miembros de las pandillas. Cinco personas han sido ultimadas en la región bajo circunstancias similares.
Además, el 28 de enero estos grupos retuvieron por muchas horas a varios fiscales que investigaban los crímenes ahí cometidos, finalmente se logró la liberación de éstos, según dicen, bajo amenazas de no investigar.
Denuncias
Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, coincidió en que es función exclusiva del Gobierno ejercer la tarea de seguridad ciudadana. «Los problemas que surgen en las comunidades por la creación de estos grupos van desde extorsiones hasta asesinatos. El peor riesgo es que se conviertan en un poder paralelo», refirió el magistrado de conciencia.
Morales indicó que actualmente la institución que representa ha recibido una enorme cantidad de denuncias por abusos de estos grupos hacia los mismos vecinos. Las denuncias provienen de distintos departamentos, entre los cuales «San Juan Sacatepéquez es uno de los más graves», subrayó.
Las denuncias detallan desde asesinatos, hasta la exigencia por parte de las juntas locales del pago de Q30 para cada miembro, lo cual sumaría más de Q mil 500 ya que son más de 50 los miembros de cada una de estas células.
«La fuerza pública no se puede delegar y es el Estado el que tiene que velar por la seguridad de las diferentes poblaciones. Se debe fortalecer a la PNC y si es posible cuadruplicar el número de elementos porque estos grupos jamás van a prestar seguridad», llamó el PDH a las instituciones de seguridad del país.
En la mira de la PNC
Según la Municipalidad capitalina, las juntas de seguridad que se derivan de 500 comités únicos de barrio existentes, los cuales gestionan el cierre de calles, denuncian hechos delictivos, recopilan evidencias y se reúnen para discutir sobre los problemas de inseguridad más recurrentes en sus zonas.
Víctor Ruiz, Jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), declaró que existen problemas con algunos grupos «que se hacen llamar «Juntas Locales» y cometen abusos». El director de la Dinc refirió que Sacatepéquez, Sololá y Bárcenas son las regiones donde se han dado éstos conflictos.
Ruiz explicó que las verdaderas juntas locales de seguridad están acompañadas del alcalde municipal y un representante de la PNC; sólo realizan patrullajes en el día y no utilizan armas ni capuchas para el ejercicio de sus funciones.
«La PNC investiga y averigua a las personas que se hacen pasar como miembros de la seguridad del pueblo, pero que promueven los linchamientos, la quema de casas y la destrucción de vehículos», refirió el investigador.
Gestión en Gobernación
Vinicio Gómez, ministro de Gobernación, no respondió las llamadas telefónicas, no obstante, el 5 de febrero último, acompañado de los altos mandos de la PNC y de las autoridades del Viceministerio de Apoyo Comunitario, se congregó con los representantes de las Juntas Locales de Seguridad de la ciudad capital.
La cartera del Interior escuchó los planteamientos de las diferentes juntas locales; entre las que sobresalen a manera de solicitud: la continuidad de procesos, que no se cambie a los elementos de la PNC ya asignados con anterioridad, capacitaciones por parte del Viceministerio de Apoyo Comunitario, que se trate el problema de los hoteles de paso ya que provocan vagancia, alcoholismo y prostitución callejera. Además, que el Plan Cuadrante impulsado por el gobierno de turno se extienda a otras zonas consideradas como rojas. Las juntas manifestaron su colaboración con las fuerzas de seguridad.
San Juan Sacatepéquez ha sido una de las regiones más conflictivas en ese sentido. A continuación algunos hechos de los que se acusa a los grupos que operan en los diferentes municipios de esa comunidad:
12 mayo de 2007, los patrulleros queman el vehículo de Lázaro Pirir, alcalde de ese municipio.
9 de septiembre de 2007, muere Mynor Cotzojay, de 19 años, en Cerro Alto a causa de un linchamiento.
11 de septiembre de 2007, un supuesto pandillero que no fue identificado muere linchado en la misma aldea.
13 de septiembre de 2007, en la aldea Cruz Blanca es incendiada y destruida una maquinaria.
7 de noviembre de 2007, tres supuestos pandilleros fueron linchados en San Juan Sacatepéquez.
16 de noviembre de 2007, dinamitan un puente en la aldea Cruz Blanca, el MP calificó de terrorismo ese acto.
20 de enero de 2008, son ejecutados Florentino y Erwin Canel y José Irineo en la aldea Loma Alta.
28 de enero de 2008, dos fiscales del Ministerio Público son retenidos y amenazados durante horas.