El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal citó a Willy Zapata, Superintendente de Bancos, para que en marzo próximo preste su primera declaración luego que un juzgado de turno dictara arraigo en su contra.

El Juzgado Primero de Instancia Penal de turno emitió una orden de arraigo contra Zapata, y lo citó para que rinda su primera declaración en calidad de sindicado en la estafa de Banco de Comercio (BC).

Jorge Mario Valenzuela, juez segundo de Primera Instancia, resolvió citar a Zapata para el próximo 27 de marzo a las nueve de la mañana, como sindicado de los delitos de omisión de denuncia e incumplimiento de deberes, según solicitud efectuada por la Fiscalí­a contra Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).

Proceso

Patricia Lainfiesta, titular de la anterior fiscalí­a, declaró que «la solicitud de arraigo fue directa y se pidió porque se manifestó la intención de abandonar el paí­s por parte de Zapata y ya se ha fijado una fecha para la primera declaración».

Lainfiesta explicó también que hay algunos medios de de investigación que van a ser presentados en la primera declaración, los cuales no pudo revelar por la etapa en la que se encuentran las pesquisas.

Sobre la solicitud de captura en contra del Superintendente por el caso de BC, la fiscal entrevistada indicó que deberán primero escucharlo en su primera declaración para determinar tal extremo procesal.

Jorge Luis Donado, jefe de la Fiscalí­a contra el Crimen Organizado a cargo de la estafa en el BC, declaró que el arraigo fue solicitado por la anterior fiscalí­a ya que las denuncias interpuestas en contra de Zapata fueron remitidas en la misma por tratarse de un funcionario público.

Afectados acuden a MP

Abogados querellantes en el proceso abierto por la estafa de BC acudieron al MP a solicitar una audiencia con el fiscal general Juan Luis Florido, quien designó como intermediario a Mario Falla, Secretario de Coordinación Técnica de dicha instancia.

El abogado Francisco Maldonado Polanco explicó que las peticiones concretas fueron que se tomaran medidas más drásticas para que Zapata no abandone el paí­s o que la fiscalí­a solicite una caución económica de Q 1 mil 850 millones, monto defraudado en dicha institución bancaria.

«El arraigo es una medida que no garantiza que el Superintendente se vaya a quedar al debate», declaró el jurista.

Los abogados solicitaron al MP que cambie del caso a la fiscal Patricia Lainfiesta «porque no está permitiendo que el caso avance», refirió Maldonado.

Finalmente pidieron que a los delitos por los que se solicitó el arraigo se sume el de encubrimiento en forma continuada, ya que según los afectados el Superintendente tení­a conocimiento de lo que sucedí­a en la entidad bancaria y que se abra proceso también contra Maria Antonieta de Bonilla, presidenta de la Junta Monetaria.

La conclusión de la audiencia fue que el próximo lunes se reunirán las fiscalí­as.