En un sistema republicano o parlamentario, la integración y la función legislativa son piedra angular. Nuestro país no puede ni debe ser la excepción, toda acción por desprestigiar, menoscabar o reducir el Congreso debe considerarse y analizarse que es un hecho tendiente a afectar o destruir la democracia.
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No es un secreto que poderosos grupos económicos pregonan que el gobierno debe reducirse porque a sus intereses les es adecuada la existencia de un Legislativo pequeño al que puedan manipular.
En 1993, durante el rompimiento constitucional que produjera Jorge Serrano, se produjo – por una parte- la elección de Ramiro de León Carpio como Presidente y por otra se inició la denominada «depuración» del Organismo Legislativo donde se invirtieron millones en publicidad para lograrlo.
Algunos pensaron que la «depuración» era una acción cívica, que no estaba patrocinada económicamente y que era una reacción de lo que había acontecido. Sin embargo, tristemente fuimos comprobando que existía un millonario patrocinio para la creación de spots, elaboración y diseño de publicidad y que la pauta no era gratuita sino muy bien pagada por los grupos de poder ocultos.
Fue también en el gobierno de Ramiro de León, quien violando la Ley Electoral y manipulando el censo, logró se convocara a la elección de sólo 80 diputados, complaciendo así a los grupos ocultos de poder, número que sin ningún fundamento técnico o legal reapareció en los Acuerdos de Paz.
Si en nuestro país se adoptara un número de 80 legisladores, los perjudicados serían las minorías, si a ello se le agregara que se eliminara -para integrar el Congreso de la República- el Listado Nacional, se produciría un enorme retroceso, volveríamos a las épocas en las que los líderes nacionales de los partidos tendrían que competir y/o desplazar a los líderes distritales, en conjunto la representatividad política e intelectual en el Legislativo se vería mermada. No serían diputados actualmente Eduardo Meyer, Manuel Castillo, Roxana Baldetti, Cesar Fajardo, Efraín Ríos Montt, Manuel Baldizón, Nineth Montenegro, Mariano Rayo, Oliverio García Rodas, Rubén Darío Morales, Mario Taracena, todos parte del listado nacional.
Si lo que se pretende es reducir el número de diputados, el procedimiento legal es variar la cifra repartidora y en lugar de que se elija un diputado por cada 80 mil ciudadanos, debe aumentarse el número de ciudadanos que cada legislador representa, manteniendo así la distribución proporcional de los representantes por distrito. En ese caso y utilizando el método D´Hondt no serían diputados por el distrito central: Juan Alcázar, Javier Hernández, Marco Antonio Solares, Rubén Mejía; por los municipios: Fredy Ruano, Leonardo Camey, Hugo García, Luis Fernando Pérez, Armando Sánchez y Pablo Duarte. Lo mismo sucedería con los representantes de URNG y con el último diputado electo en los departamentos.
Contrario a debilitar el Congreso, debería mejorarse integrándole al candidato presidencial y vicepresidencial que no triunfó en la segunda vuelta e igual que en Venezuela y Chile incorporar al presidente y vicepresidente salientes, logrando con ello mayor representatividad política nacional y más experiencia.