En honor a la verdad, doña Hila Jinani no descubrió el agua azucarada cuando dijo que en nuestro país la justicia es una palabra vacía, como tampoco lo hizo un colega suyo hace algún tiempo al decir que Guatemala era el paraíso de la impunidad, pero obviamente una observación de ese calibre, realizada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un impacto y trascendencia mayor que si lo dice algún pobre chapín repitiendo como letanía el clamor por el fin de la impunidad y el reino de la justicia.
Pero que dio en el clavo es indudable, porque si bien nuestro país tiene muchos problemas y deficiencias, posiblemente ninguna sea tan grave como la ausencia de justicia que nos coloca al borde real de la condición de Estado fallido. Y es que hasta los más recalcitrantes enemigos del Estado aceptan que es función ineludible de éste garantizar la seguridad a los habitantes y administrar la justicia, por lo que si ni eso puede hacer bien, es obvio que el resto de funciones que le son regateadas por quienes pregonan la reducción a su mínima expresión son absolutamente imposibles de realizar.
Y aunque la funcionaria internacional no lo dijo, su comentario viene a coincidir con la decisión del Congreso que allana el camino para que el Presidente vuelva a ser el administrador del recurso de gracia, lo que permitirá la ejecución nuevamente de la pena de muerte en Guatemala. Vale la pena preguntarnos si un sistema de justicia que administra una palabra vacía está preparado para decidir sobre la vida o la muerte de los acusados, cuando todos sabemos que aquí la justicia está como prostituta, en venta al mejor postor.
Porque si revisamos la lista de los cuarenta y un condenados a muerte por nuestro sistema de justicia, veremos que no aparecen en ella los responsables de los llamados crímenes de alto impacto sino que se trata de individuos que no tuvieron acceso a los mecanismos de defensa que operan en beneficio de los criminales de cuello blanco. Esos mismos que no sólo se pueden fugar en las barbas mismas de las fuerzas de seguridad, sino que además logran que sus órdenes de captura sean revocadas por nuestros jueces que asumen que la venda en los ojos de la justicia es para que no vean a los verdaderos criminales.
Si aceptamos, como lo acepta la mayoría de la población, que nuestro sistema de justicia es peor que una basura y que aquí la justicia es apenas una palabra vacía, cómo es posible que pretendamos que los administradores de ese desastre sean los que decidan la aplicación de la pena de muerte. Aun en países con sistemas judiciales probos y prestigiosos, uno de los problemas esenciales de la pena capital es el margen de error que hay y que resulta irreparable. Si en Estados Unidos, por ejemplo, se han probado tantos casos de ejecución de inocentes por vicios procesales, cuánto más puede ocurrir en Guatemala donde el escarnio y el castigo se aplican a los más pelados e ignorantes.
Cambiar nuestro sistema de justicia es un reto ineludible para la sociedad guatemalteca, pero es lamentable que no exista interés en el Gobierno para propiciar esa transformación. Es cuestión de entender que diseñamos un sistema prostituido porque se pensó en él para garantizar la impunidad a quienes tenían que librar la guerra sucia en defensa de la institucionalidad durante el conflicto armado interno. Terminado el conflicto, ese mismo aparato quedó intacto y fue puesto al servicio de quienes pusieron su experiencia, adquirida durante la guerra, al servicio del crimen organizado y son ahora los beneficiarios de la impunidad.
¿Cuesta tanto darse cuenta de esa realidad? La justicia es palabra vacía en Guatemala porque así conviene a los poderes ocultos.