Héctor Rosada-Granados

Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)

Los medios de comunicación y los analistas del tema seguridad y justicia señalan que el gobierno del presidente ílvaro Colom no tiene un proyecto estratégico para enfrentar la problemática de inseguridad que ahoga a Guatemala; conscientes que se hace necesario establecer los parámetros de acción, analizamos a fondo el modelo de seguridad que tenemos, qué acciones deberí­an impulsarse y quiénes serí­an los responsables.

¿Qué modelo de seguridad deberí­a establecerse en el paí­s?

Finalizado el enfrentamiento armado interno a finales de 1996, aunque sin haber superado las causas que lo provocaron, en la lí­nea estratégica de superar los principios y efectos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, desde mediados de la última década del siglo pasado se iniciaron varios esfuerzos encaminados hacia la definición de un nuevo paradigma en materia de seguridad, destacando la propuesta de Seguridad Humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1994), el de la Seguridad Integral incluido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995) y el de la Seguridad Democrática que se ha desarrollado ampliamente a partir de 2000.

Aunque no esté precisamente identificado como tal, el Estado guatemalteco está obligado a respetar el modelo de Seguridad Democrática sugerido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, el cual a partir de 1997 es ley de la República.

Si estamos obligados a respetar el modelo de seguridad democrática, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar la ola de violencia?

Cuando se inició el proceso de reflexión respecto a de que en la actualidad los riesgos y amenazas que enfrenta la seguridad plantean una mayor complejidad y, que ante tales circunstancias, se determinó era necesario fortalecer y estrechar la coordinación entre las instituciones que tienen competencia en el ámbito de seguridad, asumiendo un acercamiento programático focalizado directamente en el sector seguridad y justicia, considerándolo como una totalidad comprensiva e integrada, a fin de dotar al Estado de las herramientas indispensables para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

¿Cuáles serí­an esas herramientas?

Obviamente, el esfuerzo por construir un Sistema Nacional de Seguridad (SNS) que cumpla con los objetivos nacionales establecidos en la Constitución, permitirá superar la existencia de un conjunto de leyes dispersas, una institucionalidad debilitada y un escaso aprovechamiento de los profesionales y especialistas que en esta materia ya posee el paí­s.

Al ser aprobado el SNS, ¿qué debe hacerse para implementarlo?

La finalidad del SNS es contribuir a la seguridad de la Nación, la protección de la persona humana y el bien común, en observancia de la Constitución de la República, el respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Guatemala, los pasos subsecuentes a la aprobación de la iniciativa de Ley Marco actualmente en discusión en el Congreso, deberán apuntar hacia dar coherencia y coordinación al funcionamiento de instituciones, polí­ticas, normativas y controles en materia de seguridad, en el marco del Estado de Derecho. Y con carácter prioritario, establecer una institucionalidad de máximo nivel en materia de seguridad, que permita coordinar las instituciones comprometidas e integrar y dirigir las polí­ticas públicas, y enfrentar los desafí­os que respecto a la seguridad se presentan.

El Sistema deberá integrar a los órganos e instituciones del Estado vinculados con la función de seguridad; ser flexible y de construcción progresiva, capaz de adaptarse a las necesidades del paí­s y al contexto internacional de conformidad con los lineamientos, temática y acciones que se determinen en la Polí­tica Nacional de Seguridad y en la Agenda Estratégica de Seguridad.

Sus componentes fundamentales serán las instituciones que tienen jurí­dica, orgánica y funcionalmente responsabilidad en la seguridad de la Nación, de acuerdo a su ámbito de actuación. Ello implica que, en la actual coyuntura, sus componentes iniciales deberán ser (1) la Presidencia de la República; (2) el Ministerio de Relaciones Exteriores; (3) el Ministerio de Gobernación; (4) el Ministerio de la Defensa Nacional; (5) el Procurador General de la Nación; (6) la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred); (7) la Secretarí­a de Inteligencia de Estado (SIE); y (8) la Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

¿Cuáles serí­an sus ámbitos de acción?

Deberá desarrollarse, como mí­nimo, en los ámbitos de (1) Seguridad Interior; (2) Seguridad Exterior; (3) Inteligencia de Estado; y (4) Gestión de riesgos. Para su adecuado funcionamiento, será necesario crear el Consejo Nacional de Seguridad como la máxima autoridad del Sistema, con la misión de coordinar el Sistema y asesorar al Presidente de la República en la toma de decisiones en asuntos relacionados con la materia; espacio al más alto nivel de decisión y asesorí­a, integrado por: (1) el Presidente, quien lo preside; (2) el Vicepresidente; (3) el Ministro de Relaciones Exteriores; (4) el Ministro de Gobernación; (5) el Ministro de la Defensa Nacional; (6) el Secretario de Inteligencia de Estado; y (7) el Procurador General de la Nación.

Se ha señalado que en este momento no contamos con un sistema de inteligencia, ¿qué plantea el sistema sobre el particular?

Si partimos del hecho de la virtual inoperancia de los servicios estatales de inteligencia, en el contexto de una competencia desigual con los centros de inteligencia privada que, hoy por hoy, nutren los más altos niveles de decisión polí­tica en nuestro paí­s, se debe aceptar que ello justifica y exige que, cuanto antes, se proceda a una reingenierí­a de la inteligencia estratégica actual, a fin de proceder a generar un espacio en esta materia que exprese la capacidad del Estado de articular en los ámbitos de funcionamiento establecidos en la propuesta de Ley Marco del SNS, la información e inteligencia frente a amenazas, riesgos y vulnerabilidades internas y externas, en lo fundamental, coordinando el Sistema de Inteligencia de Estado, situación que a este momento la SAE no serí­a capaz de enfrentar.

La obtención de conocimiento certero demanda tener acceso a información confiable, comparable y verificable, proporcionada por la institucionalidad responsable de buscar, captar, procesar e interpretar información estratégica, convirtiéndola en un producto de inteligencia. Es obvio que la institucionalidad existente deberá experimentar un proceso de reingenierí­a, buscando garantizar la solvencia de un nuevo proceso. Habrí­a que aprovechar la oportunidad para revisar nuevas perspectivas y procedimientos, apoyándose en los recursos humanos que ya han sido capacitados en su paso por las instituciones de la inteligencia estatal, efectuando obviamente la criba correspondiente.

En la iniciativa de Ley Marco se considera la articulación del SNS, con el objetivo de coordinar la función de inteligencia del Estado, así­ como de cada uno de sus componentes en su ámbito de actuación. Este Sistema será responsable de producir inteligencia y trasladarla a sus autoridades superiores; estará integrado por la Secretarí­a de Inteligencia de Estado que sustituirí­a a la Secretarí­a de Análisis Estratégico, la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y las unidades de análisis e información de otras dependencias, tal el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la realización de sus funciones las instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia tendrán prohibición de realizar operaciones derivadas de sus propias investigaciones.

La coordinación de funciones en el Sistema Nacional de Inteligencia tiene como principales objetivos: (1) Atender los asuntos que el Consejo Nacional de Seguridad le asigne en materia de información e inteligencia; (2) Elaborar la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas; (3) Elaborar el Plan Nacional de inteligencia; (4) Dar seguimiento y evaluar permanentemente la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas y el Plan Nacional de Inteligencia; y (5) Elaborar el informe periódico de la situación de inteligencia.

La SIE será la institución gubernamental de naturaleza civil, cuya misión es brindar apoyo a las máximas autoridades polí­ticas para la toma de decisiones, mediante el acopio de la información para la elaboración de los análisis estratégicos y escenarios polí­ticos, económicos, sociales, e internacionales, a fin de prever situaciones de riesgo o amenazas contra el Estado Democrático de Derecho, sus instituciones y los habitantes de la Nación.

La implementación del SNS dará resultados a mediano plazo, ¿qué hacer en el corto plazo?

Esa es la parte difí­cil; lo complejo del momento que actualmente vivimos determina que en materia de seguridad y justicia no existe certeza de lograr soluciones en el corto plazo, pero si resultados que alimenten y consoliden la construcción progresiva del Sistema Nacional de Seguridad, partiendo en su etapa inicial del reconocimiento y articulación de las instituciones que ya existen, de las leyes en vigencia y de las prácticas que han probado ser eficientes, a fin de ir escalando hacia niveles de mayor complejidad en la búsqueda de mayores y mejores articulaciones y coordinaciones entre los Organismos del Estado.