Hay un común denominador en los gobiernos que hemos tenido en Guatemala y es que ninguno llena las expectativas creadas en campaña y ello se traduce en fracasos porque cada período presidencial el único logro en realidad tangible es la creación de un nuevo grupo de millonarios que amasan fortuna a la sombra del poder. Tenemos que preguntarnos por qué es esa constante y asumiendo que los que son electos gobernantes alguna buena intención deben llevar, por lo menos, es preciso identificar el obstáculo que encuentran para concretarla.
Y la realidad es que tenemos un sistema con instituciones fallidas, que no están preparadas para ejecutar ningún plan porque el deterioro del Estado es tremendo. Cierto es que el mismo no es casual sino que ha sido provocado por aquellos que predican la supresión del Estado o su reducción a la mínima expresión como parte de una ideología que privilegia el mercado. Los equipos podrían tener (que no los han tenido en verdad) maravillosos planes que no pueden ser ejecutados porque no hay instituciones efectivas para implementarlos a la perfección. Si el Estado no es capaz de brindar seguridad ciudadana ni administrar justicia, funciones que hasta los más furibundos neoliberales se resisten a regatearle, qué puede esperarse del mismo para promover el desarrollo humano, brindando educación, salud y oportunidades a los habitantes del país.
Y no es sólo cuestión de recursos, porque inyecte usted todo el dinero que pueda a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los Tribunales y de todos modos estaremos frente a entidades fallidas que no pueden cumplir sus fines esenciales. Se ha diseñado una institucionalidad nacional orientada a alentar la corrupción y a proteger a los poderes paralelos que siempre se benefician de los vacíos dejados por la autoridad formal. En el ejercicio del poder no hay realmente nunca vacío, porque cuando el Estado y sus autoridades no pueden ejercerlo, alguien más se convierte en poder fáctico y eso ha pasado en Guatemala con elementos como el crimen organizado y el gran capital que parecieran estar jugando carreras de relevos, pasándose la estafeta cada cuatro años en una interminable sucesión.
El colmo de los colmos ha sido ahora, cuando el Gobierno designa responsable de la reforma del Estado al mismo funcionario que ha tenido ese papel en los gobiernos de Portillo y de Berger. Si en ocho años no ha podido aterrizar con nada ni concretar absolutamente ningún proyecto, por qué el gobierno actual lo confirma en un cargo en el que se ha mostrado inútil. La respuesta es sencilla: la reforma del Estado no es prioridad ni le importa al gobierno de Colom y eso es grave porque demuestra desconocimiento de las autoridades sobre las reales limitaciones para concretar planes y proyectos. El carácter de un estadista se determina por su conocimiento de las interioridades del Estado y es obvio, con el nombramiento del ya anquilosado comisionado para la reforma, que este gobierno no tiene idea de lo que se debe hacer para dar vida a entidades e instituciones que sean verdaderamente operativas.