Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, estuvo en España acompañando al primer grupo de sobrevivientes y testigos de las masacres perpetradas por el Ejército durante el conflicto armado interno. «La gente pudo contar su historia y fue escuchada con mucho respeto por parte de las autoridades judiciales de España», fue una de sus frases durante la entrevista.

– Pregunta: ¿Cómo fue su experiencia en el acompañamiento que hizo a los sobrevivientes que declararon en España?

– Respuesta: Desde el punto de vista humano, creo que muy positiva. Es alentador que se tenga la posibilidad de ser escuchados y admitidos dentro de un contexto de apertura y respeto, contrario a lo que normalmente ocurre en Guatemala.

Durante el testimonio de esta gente me pude dar cuenta que es un milagro que estén vivos, porque están hablando de masacres, de horrores inimaginables: cómo mataron a sus amigos y familiares y que casi por casualidad no les pasó lo mismo.

La gente pudo finalmente hablar, ser escuchada con respeto. Quienes los escucharon pudieron solidarizarse con su dolor.

– -P: Entonces, ¿El balance es positivo, desde su punto de vista?

– R: Claro, porque hubo satisfacción. Ante la constante búsqueda de justicia, la oportunidad de ser finalmente escuchados es para la gente algo muy valioso y positivo.

– P: ¿Y desde el punto de vista jurí­dico?

– R: Hay conciencia que jurí­dicamente tenemos muchos obstáculos, sin embargo, existe la esperanza que un dí­a habrá justicia, sea aquí­ o en otro lado del mundo. Ocurrirá.

Desde el punto de vista técnico, sabemos que estamos en un punto muy complicado a partir de la resolución de la Corte de Constitucionalidad porque dificulta más la posibilidad que llegue la justicia.

Es lamentable que las declaraciones no hayan podido hacerse en Guatemala, pues era la oportunidad para que los guatemaltecos conocieran lo que realmente sucedió.

-P: ¿Cuál es la percepción que tienen en España sobre la justicia guatemalteca?

– R: Contactamos a una cantidad significativa de organizaciones de Derechos Humanos que apoyan estos procesos. En España, por ejemplo, hay una figura que se llama el «Acusador Popular» que por la naturaleza de sus actividades puede constituirse como un denunciante popular y que legitima los procesos judiciales y hace que éstos no sean restringidos, hace partí­cipe a la sociedad de ellos.

La percepción que tienen en España sobre el sistema de justicia está muy claro y con la resolución de la CC, se cayó en cuenta de que en Guatemala nunca se va a juzgar el genocidio ni los delitos de lesa humanidad.

La sensación externa es que la CC dejó claro que en el paí­s no se juzgará a los responsables de esos crí­menes.

– P: ¿Cuál es su apreciación, como abogado, sobre el caso de genocidio abierto en el paí­s en este sistema de justicia?

– R: Aparte de ser un compromiso personal y profesional, existe una convicción que podemos contribuir al esclarecimiento de este tipo de crí­menes y recomponer muchas cuestiones rotas en la sociedad.

Lo confieso e insisto: resoluciones de este tipo nos frustran y desaniman. No estamos luchando sólo en base a argumentos legales sino que estamos topándonos con obstáculos institucionales. La tarea es ardua y complicada, requiere mucha imaginación.

Hay un elemento que podrí­a animar, me refiero a que no hay precedentes en el paí­s sobre investigaciones de ese tipo; probar genocidio no es un asunto sencillo, es un asunto muy complejo porque lo que se prueba con ello es la intención del exterminio.

Demostrar que una persona tiene «la intención» es bastante subjetivo y requiere toda una contundencia y una cantidad de elementos probatorios muy particulares que permiten que en efecto ha habido «la intención».

Creo que si Guatemala no hace lo que debe para sancionar a los responsables no saldrá nunca de una cantidad de problemas. Fue mucha la gente que murió, pero también la que ejecutó estos crí­menes.

Paí­ses donde ha pasado hechos similares entraron en un proceso de reconocimiento, eso es útil para las nuevas generaciones pues se puede prever que en el futuro no se vuelva a dar.

– P: ¿Como ha visto el trabajo que ha realizado por el Ministerio Público en este caso?

– R: La percepción sobre su trabajo es negativa. Hablamos de una entidad que no es que quiera o le moleste que se inicien procesos de este tipo, porque es su obligación. Ellos han hecho nada en términos de seriedad y profesionalismo para investigar en relación a este tema.

Aquí­ hay varios procesos de exhumación y el MP entra para solicitar la autorización cuando es un asunto muy elemental: si un fiscal ve que hay treinta osamentas, seguramente no fue que se metieron ahí­ y se enterraron, sino que alguien los mató. Entonces, el hecho es que no inician ningún proceso legal.

Por ejemplo, que la fosa común esté en un destacamento militar y existan datos cientí­ficos que digan que murieron en una fecha determinada, el MP tiene que iniciar una investigación para determinar quiénes estuvieron prestando servicio allí­. ¿Ha hecho eso, o iniciado investigaciones serias en el tema de la Embajada de España? Pues no.

Que ningún Estado en el mundo esté obligado a extraditar, abre la opción a juzgar, y es ahí­ donde se encuentra el proceso en la actualidad. Ello abre un reto para las instituciones de justicia, en especial al MP, que es una institución con carencias y resultados mí­nimos sobre la cantidad de hechos que es capaz de indagar.

– P: ¿Qué es lo que queda a partir de ahora?

– R: Seguir en la lucha (sonrí­e). El siguiente grupo de personas que van a declarar parte a España en marzo y el próximo en mayo, pero el trabajo sigue.