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Corrí­a el 1976, momento en que la represión social estaba en un punto reinante. El terremoto de ese mismo año provocó un cambio de forma de vida en la sociedad; el obvio desastre y el impacto económico golpearon en mayor medida las áreas rurales.

Aunado al movimiento telúrico, desde hací­a algunos años ya que el algodón, que por aquel entonces era uno de los principales cultivos de Guatemala, habí­a dejado de producirse, provocando más desempleo en el interior.

En consecuencia, la caí­da del algodón y el sismo de gran magnitud provocaron la masificación de las migraciones del campo hacia la ciudad de Guatemala. De pronto, la periferia de la urbe y los barrancos interiores empezaron a poblarse; las familias, que anteriormente se habí­an acostumbrado a un modo de producción rural, debieron adaptar sus manos para acostumbrarlas a las máquinas de las fábricas.

Para entonces, en lo que se asentaban los nuevos márgenes de la ciudad, lo peor de la represión sucedí­a, pero se empezaba a gestionar la transición democrática, que se oí­a cada vez mejor tras la caí­da del gobierno de Rí­os Montt en 1983.

Ese año, apenas siete después del terremoto, se respiraban, pues, un ambiente menos tenso y una moderada apertura social y cultural. Los jóvenes, reunidos en torno al «Thriller» de Michael Jackson, ocupaban en grupos las calles de la Nueva Guatemala de la Asunción, tratando de imitar las coreografí­as que observaban de los artistas del break dance que se podí­an sintonizar en la cada vez más accesible para los barrios populares televisión por cable.

O bien, las recién llegadas «maquinitas» (videojuegos) en el Centro Comercial Capitol, de la, por entonces, aún prestigiosa 6ª. Avenida de la zona 1, atraí­a a esos mismos jóvenes, en donde se trataron de incrustar los adolescentes que habí­an emigrado desde las zonas rurales, intentado adaptarse al nuevo orden urbano.

Sin embargo, las diferencias sociales, económicas y raciales, dieron cabida a las guerras, conocidas por entonces como entre «breakeros» y «burgueses», las que empezaron a moldear el destino de los grupos pandilleros dentro de la sociedad.

De pronto, también, en forma masiva, gracias a la ley 187 de Estados Unidos, a partir de 1989, hizo que Guatemala (y Centroamérica) importara pandilleros angelinos y neoyorquinos, tatuajes, drogas y cultura de violencia. Miles de «cholos» vení­an al paí­s, probablemente sin sentirse atraí­dos hacia él o sintiéndose realmente guatemaltecos.

Ello, aprovechando la tambaleante estructura de grupos de «breakeros», y aunado a la inequidad existente, el incipiente odio racial y la resaca de la guerra, se convirtieron, pues, en el caldo perfecto para la creación del monstruo de la sociedad guatemalteca; al doctor Frankenstein le bastó una descarga fuerte de electricidad; en Guatemala bastó una canción de Rod Stewart para iniciar el fenómeno.

Situación actual

Desde los tiempos del inicio de las maras hasta ahora, hay un largo trecho, en donde éstas se han esforzado por resaltar su condición de inadaptados sociales.

Sin embargo, en la actualidad, la palabra «marero» es capaz de evocar decenas de significados, la mayorí­a de ellos relacionados con conceptos negativos, ligados a la delincuencia, la común y la organizada.

Un tatuaje es capaz de despertar la desconfianza de la sociedad, que no es capaz de perdonar la marginalidad.

La opinión pública estará de acuerdo en que se debe erradicar a las maras, pues éstas se encuentran desde ya estigmatizadas. Sin embargo, no serí­a posible una reinserción social, puesto que los pandilleros serí­an discriminados por sus distintivos permanentes, tales como los tatuajes.

Muestras de esta estigmatización han observado reporteros de Diario La Hora, quienes relatan que en el momento de la captura de un supuesto malhechor con tatuajes, se vincula la imagen del marero asociada con la del delincuente.

En operativos actuales de la Policí­a Nacional Civil (PNC), comentan testigos, en los registros de personas, el solo hecho de tener un tatuaje, para lo cual revisan brazos y otras partes de la piel visibles en público, es motivo para su detención, pero posterior liberación en Tribunales.

En el momento de una captura de un supuesto delincuente, el grito del público y de los mismos periodistas que cubren el hecho, se escuchan los gritos «ENSEí‘í LOS TATUAJES…, ENSEí‘í LOS TATUAJES», vinculando el tatuaje como un estigma de delincuencia.

Intentos de legislación

Hasta el momento, en el Congreso de la República, existen dos iniciativas de ley que fueron presentadas hace algunos años, con el fin de regular las prácticas pandilleras en el paí­s.

La primera, presentada en el 2005, por el entonces diputado al Congreso de la República, general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, ofreció su iniciativa «que dispone aprobar ley para prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles, agrupaciones ilí­citas y delincuencia organizada», que tiene carácter penal sobre las llamadas maras.

En dicha iniciativa, se busca regular como delito de conspiración al hecho de pertenecer a grupos organizados cuyo fin sea cometer delitos vinculados con las maras, «aun cuando no participe directamente en el acto material del delito».

Es decir, que una persona puede ser procesada por identificarse como miembro de una mara. Los delitos que se enumeran en dicha iniciativa que están vinculados a estos grupos son: «asesinato, ejecución extrajudicial, corrupción de menores, proxenetismo, trata de personas, desaparición forzada, tortura, coacción, robo, robo agravado, hechos sacrí­legos, extorsión, incendio agravado, piraterí­a, los delitos de falsificación de moneda, falsificación de documentos, el hurto y robo de tesoros nacionales y de bienes arqueológicos, protección de los bosques, de los delitos de cohesión, peculado y malversación, prevaricación, denegación y retardo de justicia, cooperación a la evasión, plagio o secuestro, terrorismo, acopio y tráfico de armas, portación ilegal de armas, delito de conspiración, agrupación ilí­cita, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, los delitos de narcoactividad excepto el de posesión para el consumo, el tráfico de personas, así­ como cualquier otro delito que el Consejo del Ministerio Público considere necesario combatir en el marco de la presente ley, siempre que sean cometidos por pandillas juveniles, miembros de agrupaciones ilí­citas o miembros de la delincuencia organizada» (artí­culo 4).

En otras palabras, a las maras, de acuerdo con esta visión, se les imputa una gran parte de los delitos que golpean a la sociedad guatemalteca.

De estos delitos, el de la agrupación ilí­cita y el de las extorsiones, tendrí­an penas agravadas, si es que los malhechores se identifican ante sus ví­ctimas como miembros de una mara, a través de identificación «de palabra, mediante señas o tatuajes o de cualquier otra forma expresa».

Es decir, si esos delitos se cometieren por una persona normal, se contemplarí­a una pena normal según el Código Penal; pero si se cometen por un marero, «la pena se incrementa en una tercera parte» (artí­culo 9).

Otros puntos que contempla dicha ley son la de aumentar los plazos de investigación para actividades realizadas por supuestos mareros y la posibilidad de insertar agentes policiales encubiertos dentro de las pandillas.

Otra iniciativa

Anteriormente, en el 2003, la diputada Nineth Montenegro, que por entonces pertenecí­a a la Alianza Nueva Nación, presentó su iniciativa de ley «para la erradicación de conductas trasgresoras de la ley penal mediante la asociación de niños y adolescentes en pandillas juveniles», que, al contrario de la presentada por Pérez Molina, ésta no tiene carácter penal sino de inserción social.

Según esta iniciativa de ley, se deben hacer los esfuerzos de carácter obligatorio para la reinserción escolar, productiva, laboral de los niños y jóvenes pertenecientes a las pandillas, y de manera opcional para los mayores de edad. También, se prevé el desarme de armas de fuego y armas blancas, que sean entregadas voluntariamente por los pandilleros, a cambio de beneficios sociales.

También se contempla la revisión de las polí­ticas de seguridad destinadas contra menores de edad, así­ como fortalecer la paternidad responsable.

En su momento, ninguna de las dos iniciativas ha tenido el eco que se esperaba, especialmente ante el clamor popular de acciones legales para evitar la proliferación de la delincuencia.

Según aseguran fuentes legislativas, actualmente se prepara una iniciativa que sea una mezcla entre la presentada por Pérez Molina, con un carácter de persecución y penal, y la presentada por Montenegro, que tenga un carácter social y de reinserción.

Mientras tanto, la sociedad se ahoga ante grupos delincuenciales; mientras tanto, la sociedad insiste en vincular necesariamente crimen con maras; mientras tanto, las pandillas aumentan su poder, y las organizadas con fines violentos, podrí­an estarse organizando para cometer delitos a gran escala; mientras tanto, un marero, que se integró por no existir otra opción en su lugar de residencia, no ve de qué forma puede salirse de la pandilla sin que tenga que morir por ello.