El tema de seguridad se ha vuelto el talón de Aquiles de las últimas administraciones de Gobierno, la cual incluso se ha trasformado en elemento de debate político partidario, según analistas.
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En la anterior campaña electoral la seguridad ciudadana se trasladó a los frentes de batalla en la cual se libraron gran parte de los enfrentamientos entre los entonces candidatos que disputaban la presidencia, ílvaro Colom y Otto Pérez Molina.
La razón se debe, según los especialistas, al alto impacto que la problemática de violencia ha tenido en todas las capas de la sociedad guatemalteca, evidenciada en las encuestas electorales, las cuales reafirmaban que este tema es el que mayor preocupación despertaba en el electorado.
Lo anterior fue alimentado por un año violento en el que se registraron casos paradigmáticos como la muerte de los diputados salvadoreños, crimen ejecutado presuntamente por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los que a su vez fueron asesinados en la cárcel El Boquerón. A lo antes citado se suma los casos de crímenes políticos, cifra histórica que superó la cantidad de asesinatos registrados de este tipo, todo ello con el incremento de extorsiones y homicidios, lo cual ha presentado al país como una de las naciones más violentas de América Latina.
Según el analista Mario Mérida, especialista en temas de seguridad, la problemática actual es responsabilidad en gran medida de los partidos políticos, los que a lo largo de la vida democrática del país no han preparado sus cuadros para atender la seguridad ciudadana, lo que ha causado un alto nivel de improvisación y desencadenado en las variantes que conocemos.
Sumado a lo anterior, este problema no ha sido tratado de forma integral, sin abordarlo como lo que realmente es, un problema de Estado; por el contrario, tenemos a la seguridad dentro de un contexto de politización, en donde algunos partidos lo abordan como tácticas a largo plazo.
En este punto el analista señala que si la actual administración no es eficaz en lograr cambios imperantes en la materia, en cuatro años las propuestas dentro de la campaña presidencial del 2011 girarán en la órbita de la violencia y criminalidad.
Colom
El presidente ílvaro Colom ha ofrecido que la ciudadanía percibirá un mejor ambiente en este tema al cumplirse los cuatro primeros meses de su administración. Una de las promesas de campaña sugiere que en ocho meses se habría alcanzado una paz social.
En los primeros 30 días de administración, Colom ha experimentado la primera crisis al respecto con un ataque, denominado por él mismo «sistemático», proveniente del crimen organizado, el cual tuvo de blanco a pilotos del servicio urbano y extraurbano.
A pesar de lo anterior, el mandatario ha dado cuenta que ha existido una disminución en estas semanas de los actos criminales, en los que las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad han tenido éxito, por lo que el mandatario se ha sentido tranquilo y optimista.
Opinión que no es compartida por algunos detractores del mandatario, que sugieren que hay una deformación de los datos reales, aunque con la salvedad que un mes no es suficiente para lograr avances considerables.
Ejemplo de ello es la postura de Alejandro Giammattei, quien estima que la percepción de la población en el riesgo de este flagelo no ha disminuido, argumentando que los «operativos escoba» ejecutados en las primeras semanas por la PNC se traducen en cifras de detenciones y no en cifras reales de los casos sometidos a proceso.
El ex candidato presidencial cita además que el Gobierno no le ha apostado a fortalecer en este período de tiempo a la inteligencia civil, la cual logre resultados dignos de aplauso, ni tampoco ha logrado resultados concretos en las más de 20 mil órdenes de capturas que existen actualmente en los tribunales.
En contexto de optimismo y buenos resultados, Mérida opina que al Presidente «no le están diciendo la verdad, ya que no es posible asumir que en tan corto tiempo se tengan resultados satisfactorios», aclarando que hay que reconocer los esfuerzos que se realizan.
Apunta además que el Congreso debe asumir el papel que le corresponde en todo el problema, ya que no se puede seguir esperando por una ley marco del sistema nacional de seguridad, la cual defina una política de Estado a largo plazo, con una orientación integral y ya no coyuntural, al problema.