La especial situación del abogado Rodolfo de León Molina como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia merece atención porque no puede ser que en el más alto tribunal del país existan actitudes que violenten, precisamente, el estado de derecho. Y es que el profesional cumplió ya 76 años de edad y se aferra al puesto pese a que la legislación ordinaria establece la obligación de jubilarse al alcanzar los 75 años. Nótese que se trata de una jubilación «obligatoria» por mandato legal y que la Constitución establece en varios artículos que los magistrados no podrán ser removidos de sus cargos o separados de ellos salvo cuando la ley así lo establezca.
Y si el tema de la jubilación obligatoria para «todos los magistrados» del poder judicial está consignado en la legislación ordinaria, no puede entenderse cómo el referido profesional ha expuesto a la Corte y sus cámaras a incurrir en ilegalidades porque ha prolongado sus funciones más allá de lo que le faculta la ley.
El llamado que ayer hizo el Congreso de la República para que los otros magistrados ayuden a convencer a De León Molina de su retiro es inaudito, porque no se trata de convencer a alguien, sino de cumplir simple y sencillamente con la ley. Mientras el abogado, en su evidente empeño por aferrarse al puesto, gozó provisionalmente de la protección de la Corte de Constitucionalidad, mientras decidía sobre si su retiro estaba apegado a la Constitución, pudo tenerse cierta comprensión o tolerancia, pero luego de la resolución definitiva de la CC que le denegó razón a De León Molina y avala la necesidad de que se cumpla con la ley con la jubilación obligatoria, su actitud de empecinamiento no merece sino la condena unánime de la población y de la comunidad jurídica del país.
Puede parecer un caso de poca monta porque se trata de un individuo que se resiste a cumplir la ley y eso en Guatemala no es cosa del otro mundo. Pero tratándose de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia que está dando el ejemplo de rebeldía ante un claro, contundente e indiscutible mandato legal, la cosa adquiere proporciones distintas. Entendemos que el paso de los años es duro para cualquiera y que todos quisiéramos que la juventud fuera eterna; muchos recurren a tintes o cirugías para aparentar menos años y sentirse bien, a lo cual tienen perfecto derecho, pero no pueden alterar la cronología y por lo tanto la edad computada desde el momento del nacimiento es una, por mas menjurjes que se puedan usar, debemos rendirnos ante esa realidad.
Queremos hacer un llamado al licenciado Rodolfo de León Molina para evitar que culmine su carrera profesional como abogado en condiciones tan lamentables, recordado no como un jurista que puso sus conocimientos al servicio de la Nación, sino como un hombre mayor que se resistió a reconocer el paso de los años y que se aferró a un puesto (¿o será a un sueldo?) al que ya no tenía derecho por razón de la obligación de jubilarse una vez cumplidos los 75 años de edad.
Si De León Molina no se jubila, ningún magistrado de la Corte ni de las Salas de Apelaciones tendrá que cumplir con otros mandatos de la misma ley que regula la carrera judicial. El precedente que está sentando el magistrado es gravísimo porque es una muestra de que se puede violentar la ley sin temor a consecuencias.
De todos modos, De León Molina gozará de una jubilación muy respetable al retirarse, aunque su terquedad hará que su carrera ya no sea tan respetable ni el recuerdo de su paso por la Corte Suprema de Justicia. Y mientras más tarde en aceptar su condición de jubilado por mandato de ley, menos será la respetabilidad que le quede.