Ayer, cuando algunos colegios privados decidieron suspender clases porque los buses que transportaban a sus alumnos no pudieron pasar por un bloqueo que hubo en protesta por ataques contra pilotos, padres de familia naturalmente alarmados decidieron que era mejor ir a recoger a sus hijos a los colegios que operaban normalmente y empezó una comprensible cadena de llamadas telefónicas en las que compartían con otros padres sus preocupaciones. Y como ya sabemos que nuestro país es conocido como Guatebolas, alguien dijo que mareros estaban llamando a los colegios para amenazar y extorsionar y empezó a propagarse un rumor siniestro.
A las pocas horas reporteros entrevistaron al vocero del Ministerio de Gobernación quien dijo que el Viceministro encargado de seguridad se había puesto en comunicación con varios colegios y había comprobado que no había «problemas mayores». Eso bastó para que los periodistas supusieran que sí había, por lo menos, problemas menores o simples problemas y al respecto giró la siguiente pregunta formulada al aire en la radio. La respuesta, lejos de ser contundente, dejó la sensación de que el Ministerio estaba actuando para enfrentar esas amenazas y hasta le preguntaron cuáles eran los colegios que tenían algunos problemas y la respuesta cayó en evasivas.
Más tarde fue la Ministra de Educación quien, al ser interrogada sobre las amenazas para los colegios privados, dando como un hecho que existían esas acciones, dijo que era lamentable que ocurrieran situaciones que ponían en peligro la vida de los alumnos y la seguridad. Es obvio que si a la ministra le preguntan a quemarropa qué piensa de llamadas amenazantes a los colegios, tenía que contestar que es una situación lamentable y preocupante, pero ni ella ni los reporteros tenían algún caso en concreto sino que, al igual que el resto de la población, se estaba actuando con base en simples rumores esparcidos posiblemente sin mala fe, pero que contribuyen seriamente a complicar la situación.
Es obvio que vivimos una situación de tal inseguridad que provoca alarma y hasta psicosis entre la población, al punto de que un embotellamiento de tránsito en la Avenida de las Américas, provocado irresponsablemente por una acción publicitaria emprendida por un gimnasio que puso a modelos a mostrar sus habilidades a la hora pico, sirvió para que empezaran comentarios de que «algo había ocurrido en el sector», situación agravada por un embotellamiento en Vista Hermosa y las complicaciones viales en la Calzada de la Paz y la carretera a El Salvador para que creciera la bola de rumores incrementando la sensación de incertidumbre.
Tenemos que entender que hay, en efecto, una situación de riesgo provocada por sectores interesados en alentar la ingobernabilidad con acciones que tienen la finalidad de alterar la normalidad en la vida de los guatemaltecos y que el tema del ataque a los pilotos del transporte colectivo busca, precisamente, paralizar el servicio y afectar a decenas de miles de personas.
Necesario es que adoptemos nuestras precauciones, sobre todo cuando son nuestros hijos los que puedan estar en riesgo, pero hay que tener cuidado en no prestarse a la propagación de rumores y los funcionarios, sobre todo, tienen que medir con cuidado sus palabras para no ser ellos quienes provocan el daño mayor, como ayer lo hicieron sin querer el vocero de Gobernación y la Ministra de Educación al abordar el tema de las supuestas amenazas contra los colegios, hecho condenable, en efecto, pero que ayer no se produjo. Ojalá no hayan terminado dando ideas a los maleantes.