Ayer los candidatos presidenciales que ocuparon el segundo y tercer lugar en la pasada contienda hicieron coro para plantear como solución al problema de violencia que estamos viviendo la aplicación de la pena de muerte, lo que sin duda es recibido con beneplácito por una población angustiada y desesperada que sufre, aunque sea de manera indirecta, las consecuencias de esta andanada de criminalidad que se desató en los últimos días, justo después del anuncio jactancioso del presidente Colom sobre la reducción de los índices de violencia en los primeros días de su mandato.
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Pero la verdad sea dicha, es un planteamiento demagógico el que hicieron el general Pérez Molina y el doctor Giammattei, puesto que el problema de Guatemala no está en la magnitud de la pena, sino en la absoluta certeza que tienen los delincuentes de que no serán castigados. Yo personalmente soy y he sido contrario a la pena de muerte, pero siendo que la misma es parte de nuestro ordenamiento legal y mientras no sea derogada, creo que en los casos contemplados en la ley debe aplicarse. Pero lo que me preocupa es que en Guatemala no hay capacidad para investigar los hechos delictivos y tenemos una porquería de Ministerio Público, tan inútil que el Presidente tiene que pedirle a la CICIG que investigue lo que está pasando en tácito reconocimiento de que la fiscalía nacional no quiere y no puede hacerlo.
Mientras los criminales tengan la tranquilidad de que si acaso llegan a ser capturados van a recuperar su libertad rápidamente por «falta de pruebas», así se dispusiera que se aplique la pena de muerte hasta a los ladrones de gallinas, de todos modos seguiremos teniendo criminalidad porque el problema no está en la pena a imponer, sino en la impunidad existente. En otras palabras, lo que necesitamos es certeza de que el criminal será castigado con la pena que la ley disponga, porque podemos elevar los castigos hasta donde queramos, que de todos modos será apenas un ejercicio teórico porque al final de cuentas nadie será castigado.
En estos momentos de angustia para la población, cuando quien menos sufre es porque apenas le llega el refilón de la violencia trasladado a las dificultades para movilizarse, me parece insensato apelar a los sentimientos de venganza de la población, aunque estén absolutamente justificados por las circunstancias. Pero lo que necesitamos es poner el dedo en la llaga. Un enorme porcentaje del problema de la inseguridad en Guatemala pasa por el Ministerio Público y su incapacidad para armar los casos de manera que los delincuentes se sientan realmente perseguidos. Baste ver que los operativos realizados por el Gobierno fueron totalmente inútiles porque las capturas realizadas no se pudieron sustentar en los tribunales y los sindicados lograron su libertad casi de forma inmediata, lo que los pone más gallitos y además frustra y desmoraliza a las fuerzas de seguridad que actúan sin una coordinación efectiva.
Y repito que la puntilla al sistema la dio ayer mismo el Presidente cuando tuvo que recurrir a la recién creada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala para pedirle que haga el trabajo por el que cobran sueldo el montón de fiscales que hay en el Ministerio Público. Porque los encargados de la investigación y persecución penal en nuestro país no están en forma ad honórem, sino cobrando jugosos sueldos que evidentemente no se justifican a la luz de los resultados.
En Guatemala, donde la ley es casi un adorno y todo se hace de hecho, hemos visto que la pena de muerte se ha aplicado generosamente por esa vía, es decir, de facto. La incapacidad de los tribunales hace que la sociedad se haga de la vista gorda cuando se organizan escuadrones de la muerte para ir realizando la limpieza social y poco nos importa que el colectivo social se degrade y prostituya al caer en esas prácticas porque es tal la desesperación, angustia y frustración que la gente termina aceptando como inevitable y hasta necesario ese proceder. Pero en el fondo esas oleadas de crimen, que aplican la pena de muerte lo mismo a un asesino que a un ladrón de billeteras (por aquello de que sea potencialmente un asesino), lo que hacen es aumentar la sensación de violencia, de vivir en un país sin ley y sin garantía para nadie, especialmente para la gente honrada.
Cualquier propuesta seria en materia de seguridad tiene que apuntar al Ministerio Público, no sólo a redoblar la inversión para hacerlo funcional, sino también a inyectarle atributos para que se decida a actuar en contra de las distintas formas del crimen, no digamos del que se vuelve más sofisticado por su organización. Claro está que a la gente le suena mejor un llamado dramático y ampuloso para que se aplique la pena de muerte, porque al fin y al cabo es tanta la angustia y desesperación que uno quiere oír propuestas radicales y tajantes, pero de qué serviría eso si no hay capacidad para hacer que los criminales lleguen a juicio y si, en todo caso, para sentar acciones ejemplares los jueces tendrían que resolver sin pruebas, simplemente dejándose llevar por la comprensible presión de una opinión pública que a estas alturas ya no anda viendo quién se las debe, sino quién se las paga. Y eso lo saben perfectamente tanto el general Pérez Molina como el doctor Giammattei, puesto que ambos tienen experiencia en materia de seguridad y entienden que mientras no se haga un esfuerzo para combatir la impunidad, de nada servirá incrementar las penas aun llegando la extremo de disponer que desde un cristalero hasta un sicario del crimen organizado, todos paguen con su vida por sus fechorías.