Muchas de las sentencias emitidas por los jueces del Organismo Judicial (OJ) coinciden en sus argumentos, ya que en un buen número de casos en los que el veredicto del tribunal es absolutorio, los juzgadores arguyen escasa investigación y presentación de pruebas por parte del Ministerio Público (MP) durante el desarrollo del debate.
lahora@lahora.com.gt
El caso más reciente es el del fallo emitido el miércoles último por el Tribunal Séptimo de Sentencia en el juicio contra Noé Gilberto Oliveros Ramírez, dueño de la cadena de farmacias José Gil, al declararlo inocente por tercera oportunidad.
Tres juicios, misma sentencia
Carlos Rivera Clavería, quien presidió extraordinariamente el referido tribunal, argumentó en la sentencia que la fiscalía no probó que el acusado fue la persona que compró y pagó el producto denominado pseudoefedrina: «No se probó quién lo compró, cómo fue el medio de pago y quién recibió el producto en la droguería», dijo el juzgador al momento de la sentencia.
Los precedentes argumentos coinciden con las dos anteriores sentencias absolutorias que ha recibido el mismo acusado: en abril de 2006, el Tribunal Séptimo de Sentencia lo absolvió de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. Meses más tarde, el Tribunal Undécimo lo declaró absuelto de la comercialización falsa del multivitamínico Dayamineral, por lo que lo acusaba la fiscalía, con el argumento de que el MP no había aportado suficientes pruebas contra Oliveros.
Leonel Ruiz, fiscal litigante en el último proceso, refirió que el MP respeta la sentencia otorgada por el Tribunal Séptimo pero no la comparte. Minutos después de la sentencia declaró que la apelarían, pero un día después explicó: «tenemos que analizar la sentencia detenidamente, cuando seamos notificados para determinar si apelamos o no».
Milton Miranda, abogado defensor del empresario, manifestó que el veredicto de los jueces le provocó «sentimientos encontrados, porque consideró que hubo una labor intelectiva muy fuerte por parte del tribunal, sin embargo, es doloroso que no le hayan dado la libertad inmediata a Noé Oliveros», puntualizó.
La fiscalía tiene diez días para apelar a partir de ser notificados. La defensa calificó de antemano la apelación como una «medida desesperada».
Otros casos
En abril de 2006 se abrió juicio contra nueve personas vinculadas en el asesinato de la estudiante Claudia Lucía Pac Franco. Los implicados, según el MP, fueron: Leonel Tejada Guajaca, Cruz Tecún Ajú, Marco Tulio y César Augusto Contreras Tecún, José Genaro Santos Tecún, Baltazar Gómez Sicajá, Juan Ambrosio Túnchez y Marcelino Tecún Pérez, acusados de asesinato. Salvador Contreras Tecún fue procesado por encubrimiento.
El 8 de agosto de 2006, el Tribunal Quinto condenó a Tejada Guajaca a 25 años de prisión y absolvió a los ocho acusados restantes. En noviembre de 2006, la defensa de Tejada solicitó la revisión de la sentencia y los querellantes apelaron por la absolución de los otros ocho sindicados.
En 2007 la Sala Primera de Apelaciones ordenó el reenvío del juicio en el cual todos los sindicados fueron absueltos. El argumento del Tribunal Quinto para la absolución fue la falta de pruebas otorgada por el MP.
En marzo de 2007, Jairo Búcaro López, Byron Fajardo Revolorio, Luis Alfredo Orellana, Luis Alberto Ortiz Mazariegos y Ninette Floridalma Flores González fueron absueltos por el Tribunal Tercero de Sentencia por el crimen contra toda una familia, cuyo caso fue conocido como «La masacre de Villa Hermosa».
En aquella fecha, Eduardo Cojulum, presidente del citado tribunal, refirió que hubo «deficiente investigación por parte del MP».
En diciembre de 2004, Búcaro López declaró ante el juez que había participado en la muerte de í‰velyn Noriega, quien fue estrangulada junto a sus hijos. El MP apeló la sentencia y la Sala Primera de Apelaciones ordenó el reenvío del debate, el cual dio inicio el 6 de febrero pasado.