Dos militares guatemaltecos, acusados de genocidio, presentaron un nuevo recurso para impedir que un juez de Guatemala les tome declaración, a pedido de la justicia española, por el proceso del incendio de la embajada de España hace 28 años.
Fuentes del Organismo Judicial (OJ) detallaron que la defensa de los militares José Efraín Ríos Montt y íngel Aníbal Guevara presentó una acción de reposición porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en diciembre pasado que España no tiene jurisdicción en territorio guatemalteco.
En enero, el juez penal guatemalteco Eduardo Cojulún resolvió, a pedido de España, tomar declaraciones a 18 testigos y supuestos sindicados en la quema de la embajada española en Guatemala, un incidente que llevó a la suspensión de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Sin embargo, resolvió que cinco ex jefes militares y dos civiles acusados de genocidio por los tribunales españoles, declararan en calidad de testigos y no de sindicados, debido a un fallo de la CC, máxima instancia judicial del país, que ha impedido investigarlos.
Los cinco militares y dos civiles imputados en España son los ex dictadores í“scar Mejía (1983-85) y Ríos Montt (1982-1983), así como los generales Guevara, Germán Chupina y Benedicto Lucas, además de los civiles Donaldo ílvarez Ruiz y Pedro García Arredondo.
El 31 de enero de 1980, una unidad del Ejército guatemalteco incendió la sede de la embajada de España, con la intención de desalojar a activistas de derechos humanos que se habían refugiado en la sede diplomática.
El ataque dejó un saldo de 37 muertos, entre ellos tres diplomáticos españoles.
En tanto, en la capital española, 4 de 17 testigos guatemaltecos han presentado su declaración esta semana ante el juez español Santiago Pedraz, en el marco de sus investigaciones por el genocidio de 200 mil personas durante los regímenes militares en Guatemala (1978-1986).
Dos de ellos declararon el lunes, otros dos ayer y el resto del grupo lo hará durante la semana, indicó la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española.
Ante la resolución de la CC, Pedraz renunció el 16 de enero a seguir con las investigaciones en Guatemala, pero dejó abierto el expediente y las órdenes de captura.