La diputada Nineth Montenegro, presidenta de la Comisión Legislativa de Protección al Consumidor, declaró que a mediados de este mes se vence el mandato de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) y aunque su labor puede ser ampliada por el Ministerio de Economí­a, en el Congreso de la República, hay poco avance en la aprobación de la Procuradurí­a de Derechos del Consumidor, iniciativa que peligra más aún con la amenaza de devolver todos los proyectos de decreto a Comisión para que los diputados nuevos conozcan las normativas.

Para la parlamentaria, el trabajo desarrollado por la Diaco merece una buena calificación, sin embargo, reconoce la importancia de crear un ente autónomo que vele por los derechos de los consumidores. Para ello, desde la pasada legislación, en el Congreso permanece el proyecto de decreto que da vida a la Procuradurí­a de los Derechos del Consumidor.

Montenegro expone que, además, de verificar la especulación de precios, el peso exacto en productos de la canasta básica, ofertas que no se cumplen, mala atención y medición exacta en combustibles, la Diaco ha impulsado ferias y otras actividades que coadyuvan a la adquisición de bienes y servicios de calidad, sin embargo, no es suficiente, pues debe existir una legislación que haga valer los derechos de los consumidores.

El 19 de febrero la Diaco podrí­a dejar de existir, a menos que el Ministerio de Economí­a, a través de un acuerdo, decida prorrogar la vida de esta entidad. En 2003 cuando la dirección fue creada, muchos fueron los criterios encontrados sobre la creación de más burocracia y de un foco de corrupción, sin embargo, a la fecha se contempla la posibilidad de dar continuidad al trabajo.

El proyecto de ley propuesto por Carlos Solórzano, diputado que no logró su reelección, replantea los derechos de los consumidores, la reparación, indemnización, devolución del dinero o cambio del bien por incumplimiento de lo convenido en la transacción, así­ como la corrección del desví­o de publicidad. El inciso i del artí­culo 4 de la normativa también señala que los consumidores deberán recibir educación y orientación sobre sus derechos, pues los legisladores que han tenido en sus manos el proyecto, han coincidido en que los guatemaltecos no tienen cultura de denuncia sobre la violación de sus derechos como consumidores.