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El reciente caso de robo y asesinato de un auxiliar fiscal del MP en dicha región, abrió un expediente en las investigaciones. La institución no ha proporcionado mayores detalles, sin embargo se conoce que se ha logrado identificar a por lo menos dos bandas que operan en ese sector.

Región conflictiva

César Polanco, de la fiscalí­a de Jutiapa, indicó en primer lugar que en lo que va del año han llegado a dicha instancia cuatro denuncias por robo en San José Acatempa y que los casos más recurrentes son el robo agravado, homicidios y violaciones.

«Esa es una zona sumamente conflictiva y hay toda clase de ilí­citos a cada momento, como las muertes violentas», manifestó el fiscal.

Polanco añadió que las pocas denuncias que ingresan para abrir casos, son puestas en la comisarí­a regional o en los juzgados de paz, pero que las investigaciones corren a cargo de la Dirección de Investigación Criminal (Dinc).

Sin embargo, Ví­ctor Manuel Ruiz, director de la Dinc, se limitó a responder que la instancia a su cargo realiza «varias investigaciones», pero se negó a dar detalles: «en este caso revelar nombres o datos de los grupos o bandas que operan en ese sector es poner a los mismos sobre aviso», afirmó.

El jefe de investigación añadió que la Dinc inicia las pesquisas «desde el momento que se comete un hecho delictivo», sin embargo no otorgó datos sobre casos o denuncias en dicho sector.

Posible complicidad

Debido a que la mayorí­a de agentes policiales que laboran en aquella región son de Jutiapa, las investigaciones corren riesgo porque tiende a existir cierto compadrazgo, expresó el representante del MP en aquella región.

El MP reconoció que las investigaciones en ese sector son complicadas porque existe, a veces, el temor de que haya fuga de información. Sin embargo no aseguró tener certeza de complicidad de policí­as en los ilí­citos denunciados.

Finalmente, Polanco indicó que las denuncias que ingresan para investigación cuentan muy poco con la colaboración de los agraviados, ya sea por temor o porque en ocasiones los asaltos ocurren a personas que pasan por La Conora cuando van hacia la capital, y el hecho de ser residentes ahí­ les complica acudir a citaciones que pueda hacer la instancia investigadora, sin embargo, añadió que en el caso de muertes violentas contra residentes de Jutiapa sí­ se han logrado «sentencias fuertes», indicó.

Se intentó localizar a Marco Aurelio Sandoval, director de la Comisarí­a 22 de la PNC, pero no respondió las llamadas realizadas a su celular.

El personal de la planta indicó que Sandoval ya no labora como encargado de la policí­a en aquella región, y que éste fue sustituido por el «Subcomisario Cis Garcí­a», quien «se encontraba ausente del puesto» y era reemplazado por el «Oficial Santana», con el cual se intentó establecer comunicación, pero se encontraba «realizando patrullajes», informó quien contestó las llamadas, quien no se identificó.

Caso de alto impacto

Este mes se cumple un año de un crimen que conmocionó por completo a la nación: el asesinato de cuatro ciudadanos salvadoreños, tres de los cuales eran miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido oficialista de derecha del vecino paí­s, Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Los congresistas Eduardo D»aubuisson, William Pichinte, José Ramón González y el piloto Gerardo Napoleón Ramí­rez, fueron calcinados en la finca El Jocotillo, Villa Canales, el 19 de febrero de 2007, los fiscales entrevistados aseguraron que los legisladores no pasaron por ahí­, sin embargo, el patrón del crimen coincide en alguna medida con los hechos reportados por ví­ctimas.

Tanto los ex funcionarios destituidos a raí­z de la muerte de los salvadoreños: Carlos Vielman, ex Ministro de Gobernación; como Erwin Sperisen, ex Director de la Policí­a Nacional Civil (PNC); como el entonces presidente í“scar Berger, ligaron el caso Parlacen al narcotráfico. Muchos meses después el MP presentó la hipótesis más cercana: robo. No obstante no se estableció de qué.

Relato coincidente

El ex miembro de las filas policiales, Marvin Roberto Contreras Natareno, quien se entregó a la justicia, relató en una audiencia de primera declaración que el 19 de febrero se encontraba de descanso cuando recibió órdenes superiores de presentarse a trabajar para que «apoyara un operativo».

Contreras narró que conducí­a su vehí­culo, cuando recibió una llamada de Jeiner Barillas, ex agente de la PNC vinculado al crimen contra los diputados, quien le dio la orden de comunicarse con el oficial Luis Arturo Herrera (asesinado una semana después de su captura), quien le pidió apoyo para un operativo.

Cuando Contreras regresó a la oficina, no encontró a nadie, por lo que se comunicó con Herrera y éste le mandó que se trasladara a la gasolinera Texaco, ubicada en el km 25.5 de la ruta a Santa Elena Barillas, carretera a El Salvador, donde Barillas lo esperarí­a.

Minutos después de llegar a dicha estación se estacionó un vehí­culo BMW gris placas P-351 y luego Barillas en un picop gris de doble cabina. De ahí­ se dirigieron por el trayecto hacia Santa Elena Barillas. En el mismo vehí­culo aparentemente se conducí­an Mario Lemus Escobar (a) «Yegua Arisca» y Obdulio Estuardo de León, (a) «Gato» (primos), quienes están en prisión por el mismo caso.

Al llegar a la finca La Concha, encontró a Herrera, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen Escobar y a José Korki López Arriaga, quienes fueron capturados un dí­a después del crimen y posteriormente ejecutados en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa.

Contreras manifestó además que «Yegua Arisca» revisaba la camioneta en la parte de abajo, y «el Gato» el interior del motor. Según Contreras, los primos dijeron que habí­an encontrado droga. Al regresar, el ex policí­a pasó a la misma gasolinera y vio que De León Lemus llenaba un tambo con gasolina, se subieron al picop y se fueron.

La fiscalí­a y el caso

Edwin Marroquí­n, fiscal a cargo de las investigaciones, declaró que establecer el móvil del crimen a estas alturas del caso «ya es imposible», porque la evidencia ya está destruida. Según el fiscal del anterior caso, la ruta a El Salvador es reincidente en hechos delictivos como robos e incluso asesinatos, sin embargo su fiscalí­a a cargo no tiene denuncias al respecto.

Algunos testimonios (de otros casos) relatan la ausencia de policí­as en el sector, e incluso posible complicidad de los mismos, sin embargo, los policí­as implicados en el caso Parlacen, según afirma Marroquí­n, eran investigadores y no se dedicaban a trabajo de patrullajes por el referido sector: «Ellos tení­an competencia para movilizarse en todos lados del paí­s», indicó.

Fusiles AK-47 fueron utilizados para asesinar a los ciudadanos salvadoreños. Según el Ministerio Público (MP), éste tipo de armas es utilizado generalmente por el Ministerio de Gobernación, a través de la Dinc.

«No pasaron por La Conora»

La ruta por la que pasaron los diputados fue Valle Nuevo, por lo que no atravesaron la llamada cuesta La Conora. Lo anterior lo estableció el MP con las declaraciones de los integrantes de la caravana que acompañaba a los diputados difuntos el dí­a del crimen.

«Ellos (los diputados) salieron por la parte de abajo, en un redondel que queda adelante de Cuilapa: hay un cruce que va para Jutiapa, que pasa por La Conora, y el otro (trayectoria de los diputados), que va para Nuevo Jalpatagua» explicó el fiscal Marroquí­n.