El Salvador no registra «avances» para asegurar el cumplimiento del «derecho al agua», debido a que un 53% de la población tiene un servicio deficitario y un 17% carece en sus hogares de un sistema por cañería, aseguró ayer un estudio universitario.
El estudio sobre el derecho y saneamiento del agua fue realizado por la privada Universidad Tecnológica (UTEC) para la campaña «Democracia Azul», que aglutina a diferentes organizaciones sociales.
«La encuesta revela que en este país no existe accesibilidad, disponibilidad ni calidad del agua que consumen los salvadoreños, debido a la poca inversión que el Gobierno y sus instituciones realizan en favor del saneamiento del vital líquido», declaró el ecologista Ricardo Navarro, del directorio de Democracia Azul.
El sondeo, con un margen de error de 2,3% y una muestra de 1.855 personas en todo el país, demostró además que el 51% de la población recibe agua «sucia, contaminada o con residuos», aunque «un alto porcentaje de habitantes (83%) tiene acceso al suministro de agua en el lugar donde reside.
El 50% de los consultados, a pesar de conocer que el agua es «de mala calidad» y que produce una serie de enfermedades, la consideran «apta para el consumo humano», debido a la costumbre y la comodidad.
Según los resultados de la consulta, el gobierno no vela por el derecho al agua, ya que 8 de cada 10 consultados consideran mal el trabajo de las dependencias estatales.
Navarro enfatizó lo que llamó «la irresponsabilidad» del gobierno local, dado que no cumple con lo que la ONU considera que es su obligación: «procurar la accesibilidad, la calidad y la disponilibilidad del agua para su consumo de la población».
«La gran mayoría de la población considera que este tema (la mejora del servicio) es importante, pero que el Estado no le da importancia y no hay inversión pública para garantizarlo», aseguró Navarro.
Según el coordinador de la encuesta, Francisco Zepeda, un 90% de la población desconoce la existencia de leyes que regulen el servicio y la calidad del agua y un 60% estima que los políticos «no tienen voluntad para solucionarlo».
Además, cinco de cada 10 consultados manifestaron sentirse «racionados» con el servicio diario del preciado líquido, lo que remite a Zepeda a concluir que en El Salvador «el problema no es la escasez, sino la mala distribución y servicio».
En el futuro, el informe advierte que los salvadoreños evidenciarán carestía casi total del agua, lo que encarecerá su precio o la hará inapropiada para el suministro diario.
La alerta sobre el agua en El Salvador ya la había dado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en su informe 2006 advirtió que este país centroamericano podría enfrentar escasez de agua en unos 15 años, si no toma medidas sobre el manejo integral de ese recurso en el corto plazo.
Según el PNUD, si El Salvador quiere salir al paso de la crisis y brindar un acceso universal de los habitantes al agua, el Estado debe invertir por año como mínimo un 0,4% del PIB, lo que equivaldría a unos 70 millones de dólares al año.