Esta mañana dio inicio la agenda de actividades conmemorativas de los 28 años de la quema de la Embajada de España en la que murieron 37 personas, por la que aún no ha sido juzgado ningún responsable.
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Marta Julia Gabriel Morales, representante del Comité de Unidad Campesina (CUC), participó en la primera actividad de la gran agenda conmemorativa, en la que recordó a los miembros de las diferentes comunidades indígenas que se apersonaron a la embajada española para pedir el cese de la represión militar de aquella época y perdieron la vida tras el asalto de las fuerzas de seguridad.
Uno de los fines de la actividad fue dar a conocer que las acciones para juzgar a los implicados en el caso de la Embajada de España y crímenes de genocidio en el país, continúan pese a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en diciembre último, en la que se argumenta que España no tiene jurisdicción para accionar en ese tipo de delitos.
Julio Solórzano Foppa, querellante dentro del proceso, informó que el Juez Santiago Pedraz no ha suspendido las acciones judiciales: «la próxima semana empiezan a viajar a España testigos guatemaltecos para declarar ante la Audiencia Nacional española», explicó.
El entrevistado añadió que todas las órdenes de aprehensión y las órdenes dirigidas a Interpol para la captura de los implicados en el caso de genocidio continúan vigentes. «Que en Guatemala no las puedan aplicar por la resolución de la CC, no significa que no se puedan aplicar en los cerca de 200 países. El juicio en España continúa», enfatizó.
Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, declaró que las acciones contra el fallo que desvirtuó la denuncia contra los magistrados de la CC continuarán y que incluso podrían recusar a la jueza que la emitió.
En ese mismo caso, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia resolvió tomar la declaración de los testigos en el caso de la quema de la Embajada de España, y de genocidio cometidos durante 1980.