Analistas consideran que las acciones de Sandra Torres, precandidata presidencial de la coalición Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional (UNE-Gana) ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), son improcedentes y que constituyen una acción de “impunidad electoral”.

La coalición UNE-Gana argumenta ante la CCJ que se les excluye de la lucha electoral, sin embargo no dieron mayores detalles de la delación, la cual fue admitida para su trámite el martes último según lo informado por Darí­o Lobo, titular de ese Tribunal a medios internacionales.

Ayer, Carlos Barrera, dirigente de la UNE, se refirió a esa denuncia indicando que se interpuso porque el Estado de Guatemala está descalificando a la precandidata de ese partido, lo que “debilita el Estado de Derecho”. “Por eso debemos advertir ante los organismos internacionales un proceso electoral viciado”, agregó.

Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), opinó: “Creo que la interponente de la denuncia (Torres Casanova) tiene una estrategia jurí­dica por medio de la cual sabí­an que le iban a pedir a una entidad parcial y favorable a sus intereses que diera una respuesta”, expuso Cadena refiriéndose al informe que la CCJ solicitó a la Procuradurí­a General de la Nación (PGN), a la que califica como “un ente parcial”.

Para Cadena, la acción ante la CCJ “es parte de una estrategia jurí­dica de inacción del Estado y de impunidad electoral” que procura Torres, por lo que invitó a otras organizaciones nacionales a pronunciarse ante esa Corte Internacional “para que no se deje la defensa de la Constitución en manos de la PGN, por ser un ente parcial”, dijo.

El presidente de la CIJ añadió: “Hay un problema serio y es que esta acción es a mi punto de vista una nueva versión, reciclada, moderna y actual del Jueves Negro y Viernes de Luto porque: aquellos dí­as, el Estado no hizo nada por proteger a las personas, la Policí­a se mantuvo inactiva frente al caos y resulta ahora que la PGN es la que tiene que defender los interés del Estado, ¿se imagina la contradicción del Estado y el interés parcializado que tiene esa instancia?”, cuestionó y agregó que la PGN va a defender a la candidata como lo hizo cuando se pronunció frente al amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por su parte, Luis Fernández Molina, ex magistrado  de la CSJ, expone que Guatemala ha tenido una actitud ambigua frente a la CCJ, por lo que las acciones de la precandidata presidencial por la UNE-Gana son improcedentes.

“Desde que se declara abierto el proceso electoral emerge una jurisdicción electoral muy especial que no puede estar sujeta a ningún tipo de tribunales externos, ya sea nacionales e internacionales, no puede decirle al Estado que detenga un proceso”, explicó el exmagistrado.

Fernández Molina añadió que el Estado de Guatemala ha demostrado ser “gallo-gallina” ante la CCJ, ya que “por un lado sí­ se acepta a esa Corte pero por otra parte no se nombra a sus titulares y suplentes ni asigna fondos para la parte que le corresponde a Guatemala”.

A criterio del entrevistado, la acción de Torres ante esa Corte no podrí­a ser procedente porque “atiende aspectos de la integración que cuestiones internas, además si se habla de derechos individuales, corresponderí­a conocer a la Corte Internacional de Justicia que está en Costa Rica”, criticó.