La organización no gubernamental Women»s Link Worlwide presentó hoy ante la justicia española una denuncia contra la policía mexicana por las torturas sufridas por la española Cristina Valls, en los disturbios en la localidad mexicana de San Salvador Atenco en mayo de 2006.
La demanda, presentada ante la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, apunta a 140 efectivos de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y la policía municipal de Texcoco por las presuntas torturas psicológicas, físicas y sexuales sufridas por Valls.
«La sexualización de la tortura es muy común cuando las mujeres se encuentran bajo custodia», afirmó la abogada Paloma Soria, quien presentó la demanda en nombre de Valls y de la ONG defensora de los derechos de las mujeres.
La española relató hoy en rueda de prensa que en noviembre de 2005 fue a México para «conocer cómo trabajan las comunidades autónomas de Chiapas» y acudió «a la llamada de solidaridad de Atenco», donde estaba cuando se produjeron los disturbios en Atenco y Texcoco.
Estos enfrentamientos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 entre campesinos y vendedores ambulantes y un operativo policial de 3 mil efectivos de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y la policía municipal de la localidad de Texcoco se saldó con un joven muerto, medio centenar de heridos y doscientos detenidos.
Entre los detenidos se encontraban la española y otras 46 mujeres, todas las cuales «han alegado que fueron víctimas de abusos sexuales y violación» durante su traslado en camiones al centro Centro de Prevención y Readaptación de Santiaguito, afirmó la directora ejecutiva de la organización, Viviana Waisman.
«El trayecto, que en condiciones normales puede hacerse en dos horas, duró seis e íbamos apiladas en el suelo del camión», dijo Valls, al relatar su peripecia desde su detención hasta su expulsión de México, que consideró «ilegal» porque un juez decretó que no tenía que ser expulsada.
La demandante aseguró que «todos los momentos fueron duros», pero subrayó la impotencia que sintió al ver que los medios de comunicación mexicanos «tergiversaron y criminalizaron» el caso dejando ver que «eran los campesinos lo que golpeaban a los policías» cuando había «una proporción de diez a uno a favor de los policías».
La organización Women»s Link Worlwide decidió presentar la demanda en la Audiencia Nacional en razón del principio de jurisdicción universal, dado que los hechos no fueron investigados en México, según los querellantes.
A causa de su expulsión, Valls tiene vedado el acceso a México durante cinco años, por lo que tampoco puede acudir a la justicia de ese país.
«Estoy seguro de que de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene México y de los que ha hecho gala, desde luego va a cooperar con las autoridades españolas», afirmó el abogado Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España.