Luego que el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal resolviera rechazar la denuncia planteada por Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), las acciones legales y las reacciones internacionales continúan.

Menchú planteó una querella contra los magistrados de la CC, por haber resuelto en diciembre último que España no tiene jurisdicción para juzgar a los cinco militares y dos civiles acusados de genocidio en el paí­s durante el conflicto armado interno. El Juzgado Sexto Penal, quien conoció la querella interpuesta, resolvió rechazarla bajo los argumentos de que los magistrados no pueden ser procesados por los fallos que emitan.

Benito Morales, abogado de la fundación Rigoberta Menchú, presentó ayer un recurso de reposición en contra del trámite que le dio a la querella el Juzgado Sexto, para que dicho fallo sea revisado.

Morales explicó que la disposición que argumentó el juzgado a cargo «está establecida en el artí­culo 167 de la Ley de Amparos; sin embargo, esa decisión (la de la jueza), no es un asunto que éste totalmente dispuesto, sino está relacionado con una cuestión previa la cual indica que en el ejercicio de sus funciones los magistrados deben ser imparciales», concluyó.

Para el abogado de la Premio Nobel, la actuación de los magistrados al amparar a los militares fue parcial, por lo que los miembros de la cámara penal pueden ser procesados por dicha resolución emitida en diciembre último.

Las reacciones por la sentencia de amparo de la CC continúan a nivel nacional e internacional, tal y como lo detalla uno de los comunicados emitidos por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), donde el abogado Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, opina que si «en Guatemala o no se quiere, o no se puede» avanzar, «tendrá que ser en algún otro tribunal donde deban ser juzgados», refiriéndose a los acusados de los crí­menes cometidos entre 1961 y 1996.

El presidente de dicha asociación añadió que «para poner fin a la impunidad es posible hacerlo desde dos puntos de vista: que la propia jurisdicción interna; los tribunales guatemaltecos lo llevaran a cabo con los medios de financiación y de seguridad, en cuanto a la protección de ví­ctimas, de testigos, etcétera. Y en caso contrario, yo creo que el recurso a la jurisdicción universal es legí­timo porque así­ lo ha querido la comunidad internacional», apuntó.

Los operadores cuentan con tres dí­as para resolver la reposición planteada por la Fundación Rigoberta Menchú.