Cuando en algunos paí­ses, especialmente en los Estados Unidos, un funcionario comete un abuso o un delito, la prensa empieza a indagar cómo, cuándo y dónde, así­ como la gravedad del hecho y de haber indicios de que es cierto, no sueltan el tema hasta que mueven a la opinión pública para que presione al Congreso a que interrogue a los implicados y de encontrarlos culpables, los obligan a renunciar y los someten a los tribunales de justicia. Ejemplo de lo anterior tenemos la renuncia a la presidencia de los Estados Unidos por Richard Nixon, quien fue acusado por dos PERIODISTAS de haber violado la ley. (Periodista lo puse con mayúsculas porque se lo merecen).

En Guatemala la prensa actúa diferente, ya que al tener conocimiento de un hecho, lo publican, pero si no hay una respuesta o clamor popular, allí­ lo dejan y el hecho queda en el olvido. Si en determinados casos la prensa ha sido un poco más tenaz y logra cierta respuesta de la opinión pública, el Congreso ni por enterado se da, talvez eso los hace frí­os y apáticos.

Se ha dicho mucho en pláticas de amigos y comentado en corrillos populares, sobre lo ilegal e inconstitucional de la indemnización que se recetaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que fue emulado por casi todos los funcionarios que no tienen ese derecho, pero que prácticamente la prensa no diga mucho, no me puedo quejar de que no hubo reacción del Congreso, pues basados en aquello, de que «Si vos podés, por que no yo», tal como respondió el diputado ponente cuando se le preguntó sobre porque habí­a propuesto la indemnización, «Si los demás pueden, porque no podemos los diputados», dicho en otras palabras quiso decir, que si otros robaban, porque no podí­an hacerlo ellos.

Esta actitud del Congreso debiera de ser para los guatemaltecos, un llamado serio de atención, pues así­ como tienen el cinismo de recetarse algo inconstitucional emulando a la Corte de Constitucionalidad y de otros funcionarios, que amparados en que la legalidad del paí­s ya está rota por la misma institución encargado de protegerla, así­ mismo piden el dí­a de mañana autorizar cualquier cosa, como por ejemplo que por los créditos de Q12 mil millones anuales que quedarí­an disponibles al ingresar a Petrocaribe, pueden ser gastados a discreción del presidente o trasladarlos a la Secretarí­a de Bienestar Social. Lo más triste de todo esto, no es la «chinche» que piensan hacer con estos fondos, sino lo hipotecado que dejarán al paí­s.

Por todo lo anterior yo creo que la prioridad principal, debe ser volver al régimen constitucional, pues quien le garantiza a la prensa que basados en que estamos viviendo un régimen de facto, no se restringe la Libertad de Prensa, que se aumenten diputados porque ya no alcanzan los huesos para repartir y que sigamos en el Parlacen para que se refugien los pí­caros, que la misma Corte de Inconstitucionalidad diga que por ser ellos muy importantes para la institucionalidad del paí­s, la indemnización debe ser el doble.