Con Presidente nuevo, un Congreso parcialmente renovado y algunos cambios en las Corporaciones Municipales, a la población guatemalteca se le intenta hacer creer que en cuestión de democracia nos hemos sacado un diez.

Luego de la transición en los poderes Legislativo y Ejecutivo y de la entrega, en algunos casos, de la vara edil, todaví­a se percibe cierta satisfacción por los votos libres y secretos emitidos en el proceso electoral.

Bien para algunos y mal para otros, el paí­s cuenta con nuevas autoridades de Estado para el próximo perí­odo constitucional. Dentro de cuarenta y ocho meses, corre y va de nuevo, las personas que sumemos 18 años seremos convocadas a participar en el mismo ejercicio.

Atrás ha quedado la campaña por impulsar la participación ciudadana y la construcción de la democracia, un derecho que en la actualidad sólo puede ser ejercido con una boleta y un crayón. El silencio vuelve a rondar por todos los rincones del paí­s y el poder se encuentra detenido, como es ya tradicional, entre burócratas que en su mayorí­a, por capacidad económica y no por su liderazgo social, han logrado acceder a los principales puestos polí­ticos.

El ejercicio democrático no consiste únicamente en el sufragio, que de por sí­, presenta una serie de dificultades para la mayorí­a de la población. En su sentido más amplio y aceptado, democracia es la doctrina polí­tica favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, y del predominio de sus intereses en la conducción del Estado. Los datos sobre pobreza, desigualdad, racismo y exclusión en Guatemala no concuerdan con esta concepción.

El año 1985 es señalado como el de «la apertura democrática». Es cierto, ganamos el derecho de acudir a las urnas cada cuatro años. Pero, ¿cuándo tendremos derecho a disfrutar de la verdadera democracia, la que garantiza el respeto a los derechos fundamentales y que a su vez, impulsan el desarrollo humano?

Una de las acciones de la pasada administración del Ministerio de Educación fue el cambio en la planificación de los objetivos pedagógicos por «competencias». Es la concepción de la selva en donde gana quien tenga más fuerza. Nos quieren construir como consumidores y no como ciudadanos. Casi lo logran: la mayorí­a de la población desconoce que el acceso a los satisfactores sociales, incluida la recreación, son un derecho y no una mercancí­a.

Vida, educación, trabajo digno, seguridad, salud, entre otras, son garantí­as reconocidas en la Constitución Polí­tica de la República a cargo del Estado. Sin embargo, hace falta exigirlas, hace falta la organización social que lo haga posible, hace falta un sistema democrático real que lo permita.