Cuando hace cuatro años tomó posesión como presidente í“scar Berger, dispuso remover de sus puestos a funcionarios que habí­an sido nombrados para un perí­odo determinado que no vencí­a aún. Sin cumplir con ningún requisito legal y simplemente bajo el argumento de que tení­a que trabajar con gente de su confianza, se voló a varios de los funcionarios y se salvaron apenas aquellos que tuvieron agarres muy fuertes y lograron cabildear para que no los mandaran a su casa. La prensa y, por reflejo, la opinión pública sintió que Berger hací­a bien en salir de los funcionarios que habí­an sido nombrados por el eferregismo y el portillismo, a pesar de que ello pudiera comprometer la institucionalidad.

Hoy en dí­a, esos mismos sectores que aplaudieron frenéticamente la ilegal actitud del Gobierno al destituir sin los procedimientos de ley a funcionarios que estaban designados para plazo determinado, cuestionan que el gobierno de Colom pueda actuar de manera similar. Y el caso más especial se ha dado con el Consejo Nacional de Adopciones nombrado por el gobierno saliente a últimas de cambio y cuando estaba en marcha, teóricamente, un proceso de transición armonioso entre el régimen de Berger y el de Colom. En el fondo se trata del mismo argumento esgrimido por Berger cuando destituyó a funcionarios con perí­odo establecido, pero en aquellos momentos la opinión pública estaba dispuesta a aplaudir hasta los excesos cometidos.

Personalmente pienso que aunque sea un dolor, el gobierno tendrá que respetar los plazos y los nombramientos realizados con toda la formalidad legal y así­ romper ese funesto precedente sentado por el gobierno anterior. Creo que hizo mal el Ministerio de Relaciones Exteriores al nombrar precipitadamente a su delegada al Consejo Nacional de Adopciones, aunque siempre he pensado que un gobierno que sale no puede renunciar a sus facultades hasta el mismo momento en que se rescinde el mandato porque de lo contrario no sólo se produce un vací­o de poder, sino que hasta cabe incumplimiento de deberes.

El tema es que hoy, igual que ayer, debemos esperar respeto a la normativa legal, a los plazos fijados para el desempeño de cargos y no entrar en esas actitudes lesivas a la institucionalidad. Creo que muchos de los funcionarios cuya continuidad se da por mandato de ley no sólo no encajan en el plan del gobierno sino que además se han mostrado inútiles, pero si se les remueve tiene que ser cumpliendo todos y cada uno de los requisitos legales, no por simple y puro capricho como fue en el pasado. Y como sociedad, tenemos que entender que lo mismo da que robe un empresario que se cree de postí­n que un polí­tico sin fortuna previa. La forma en que toleramos que roben los que lo hacen «haciendo negocios» y hacemos pedazos a los que roban dando cajonazos, es otra muestra clara de la doble moral que tenemos a la hora de juzgar al poder público.