Chile reformó su sistema privado de pensiones instaurado hace 27 años por la dictadura del general Augusto Pinochet, y que fue emulado en una decena de países, en la concreción del proyecto social más emblemático de la presidenta Michelle Bachelet.
«Este histórico paso que estamos dando se irá dimensionando en el tiempo, como ha ocurrido con las grandes reformas que han marcado nuestra vida republicana», dijo la presidenta Bachelet, en un mensaje televisado.
La iniciativa, el primer proyecto de ley enviado al Parlamento por el gobierno de Bachelet, quedó listo para ser promulgado, tras su aprobación unánime en el Congreso.
La nueva ley introduce modificaciones al sistema privado de pensiones que en 1981 instauró la dictadura del general Augusto Pinochet, y cuya principal característica fue la creación de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se ha ido generalizando en otros países.
«Quién iba a imaginar hace 27 años, cuando se crearon las AFP, que iba a llegar un día como éste, en que el Estado asume su rol de protector de quienes más lo necesitan y genera condiciones para una vida con menos incertidumbre», agregó Bachelet.
La reforma mantiene a las AFP, pero crea un pilar solidario con aporte estatal que se hará cargo de entregar pensiones básicas al 60% de la población de menores ingresos. En su primera etapa de implementación, a partir de julio próximo, esa pensión será de unos 125 dólares, que luego de un año se incrementará hasta alcanzar los 160 dólares.
La última cifra más que duplica el actual monto del beneficio, que no supera los 60 dólares.
El proyecto, que tiene un costo anual de casi 2 mil millones de dólares, beneficiará directamente a más de 800 mil personas, en su mayoría dueñas de casas, artesanos, taxistas y pequeños comerciantes, que se encuentran fuera del sistema privado.
El Estado subsidiará también un aumento gradual de las pensiones para aquellos trabajadores de menores ingresos, lo que le permitirá aumentar en casi un 20% el monto de su jubilación, además de entregar incentivos tributarios para el ahorro voluntario de los trabajadores con ingresos medios.
En cuanto al funcionamiento de las AFP, la reforma garantiza una mayor competencia entre ellas, cosa que hoy no ocurre, repercutiendo en un aumento de los costos que ellos cobran a su afiliados (de entre un 10 y un 30%), lo que merma los montos futuros de jubilación de los trabajadores.
Por ley, los trabajadores dependientes chilenos deben destinar entre el 10 y el 12% de su sueldo mensual a las AFPs, que invierten a la vez esos recursos en acciones y bonos, tanto en Chile como en el extranjero.
El sistema fue copiado en unos 17 países, incluido Argentina, Colombia y Perú, pero al cumplir 25 años de funcionamiento estudios oficiales demostraron que en Chile no sería capaz de asegurar pensiones mínimas a casi la mitad de sus cerca de siete millones de afiliados.
Los trabajadores independientes quedaban fuera del sistema y los que conseguían pensiones, accedían a montos muy inferiores a sus remuneraciones normales.
En contraste, las seis AFPs que funcionan en Chile exhiben una alta rentabilidad, de casi un 25% en los últimos 12 años.
El proyecto original del gobierno incluía la creación de una AFP estatal, lo que fue rechazo por el Congreso, aunque el Ejecutivo anunció que insistiría en esta medida.
Michelle Bachelet
Presidenta de Chile