Como era de esperar, la Audiencia Nacional de España, por medio de su juez Santiago Pedraz, reaccionó ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad que le negó jurisdicción para aplicar su justicia sobre delitos cometidos en Guatemala y de los que se acusa a guatemaltecos. El funcionario español se disparó una severa crítica no sólo contra la Corte referida, sino contra nuestro país por el rechazo a aceptar que los delitos de genocidio puedan ser sometidos a la justicia universal.
Obviamente el tema es polémico y enciende pasiones, puesto que al margen de consideraciones jurídicas, se polariza por las comprensibles huellas y cicatrices que dejó el conflicto armado interno. No se trata simplemente de estudiar la cuestión de la soberanía y el ejercicio de una jurisdicción universal por parte de un país que por decisión propia se la adjudica, sino del tema de fondo de la ausencia de justicia en Guatemala.
La única forma en que le podríamos tapar la boca a Pedraz y a cualquiera que haga severos señalamientos contra Guatemala por el tema del genocidio y la impunidad es si nuestro sistema asumiera la investigación y el proceso a los sindicados por delitos de lesa humanidad. Desafortunadamente en lo que tiene razón la Audiencia Nacional de España es que Guatemala ha dado suficientes muestras de no tener voluntad para investigar delitos graves.
Duele en serio leer los criterios expresados en la resolución de ese juez español sobre nuestro país, pero uno tiene que reconocer que realmente el nuestro es un paraíso de impunidad que no sólo alcanza a quienes tuvieron que ver en las difíciles situaciones del conflicto interno, sino que se ha prolongado en el tiempo para beneficiar al crimen organizado. Y uno quisiera poder refutar el ataque expresado en ese auto dictado por Pedraz, pero lamentablemente si algo no podemos ocultar es que en el país no existe ningún indicio de que algún día se podrá buscar justicia por delitos cometidos en el marco de la guerra.
Pensamos que al margen de lo que Pedraz intentó y, ahora, de lo que ha resuelto para continuar por otros medios con su investigación, nuestros fiscales tendrían que investigar seriamente los temas que están debidamente expresados y documentados en instrumentos como el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. No puede ser que tengamos un país en el que un conflicto armado interno provocó tanta muerte y destrucción sin que nadie sea responsable de nada. Ninguno de los combatientes termina teniendo la menor responsabilidad en ese derramamiento de sangre que castigó a miles de personas ajenas a las partes y que fueron sacrificadas simplemente porque quedaron entre los dos fuegos. Los excesos cometidos en uno y otro bando no pueden ni deben quedar impunes y sus víctimas claman por justicia.