Lic. Mario Roberto Guerra Roldán
Desde 1997 en que se integró la Comisión de Reforma Electoral, ha sido preocupación institucional y política las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, contenida en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. La Comisión rindió su informe al Tribunal Supremo Electoral, institución que -con algunas modificaciones- lo envió al Congreso de la República, haciendo uso de la iniciativa de ley que le concede la Constitución de la República. El Organismo Legislativo, después de pasados largos meses aprobó las reformas; sin embargo, ignoró importantes cambios de los recomendados por el TSE.
El día 14 del presente mes, el Presidente de la República, en su discurso de asunción al poder, destacó la necesidad de reformar el régimen electoral e hizo hincapié en lo referente a los partidos políticos. Acertadamente aludió a este tema, porque no obstante todos los intentos, las organizaciones políticas han eludido aquellas reformas que no favorecen sus intereses muy particulares. Un ejemplo de ello lo tenemos en la adjudicación de los cargos del Comité Ejecutivo Nacional. La Comisión en el proyecto tenía como una obligación la de adjudicar los cargos aplicando la representación proporcional de las minorías, pero los señores diputados la dejaron como una facultad. También ignoraron del proyecto las reformas al régimen financiero, y hasta la fecha, se han abstenido de regular todo lo relativo a los delitos y faltas electorales.
En el último proceso electoral los magistrados del TSE tuvieron dificultades para frenar las constantes violaciones a la ley por parte de los partidos y sus candidatos, debido a la falta de normas acerca del régimen punitivo electoral y la ausencia de sanciones severas para los transgresores. Conductas que empañaron el proceso y pusieron en riesgo la pureza de las votaciones.
Por todo ello, son urgentes las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a fin de fortalecer nuestro sistema dotándolo de preceptos legales encaminados hacia ese propósito. Los partidos políticos son pilares fundamentales para el sostenimiento y desarrollo de un régimen en que esté consolidado el Estado de Derecho, por lo que su organización y funcionamiento deben cimentarse en principios eminentemente democráticos.
Deben eliminarse las camarillas que se perpetúan en la dirigencia política y establecer la alternabilidad dentro de un lapso determinado. Si se reconoce la reelección que ésta sea sólo por un período más, en el caso del secretario general y los secretarios generales adjuntos; el resto debe renovarse por mitad cada año. La observancia de la representación proporcional de las minorías debe ser obligatoria, con excepción de los secretarios generales y los adjuntos. En cuanto al régimen financiero deben incluirse las reformas contenidas en el Informe de la Comisión Electoral. Y, por último, debe crearse el régimen punitivo tipificando los delitos y faltas, con sanciones pecuniarias en las que el mínimo sea una multa de diez mil quetzales, así como privación de la libertad. También es imperativo el establecimiento de sanciones severas para los funcionarios que infrinjan las prohibiciones prescritas en la Constitución de la República y la Ley Electoral. Otra reforma necesaria es la que aclare lo referente al finiquito; ante quién y en qué oportunidad se debe presentar.
Esperamos que el gobierno del ingeniero Colom impulse las reformas al régimen electoral y político, tal como lo anunció.