El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, solicitó hoy a los medios, a través de un auto, que publiquen una nota en la que pide a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el genocidio contra el pueblo maya en Guatemala. El objetivo es continuar la investigación sobre estos crímenes.
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Pedraz ha tomado esta decisión luego que la Corte de Constitucionalidad, CC, anulara el 12 de diciembre último el proceso judicial abierto contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio al considerar que España carece de jurisdicción para procesarlos.
Los imputados por el juez en el genocidio y por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España ocurrido el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, son el jefe del Gobierno entre marzo de 1982 y agosto de 1983 y actual diputado ante el Congreso de la República, José Efraín Ríos Montt; el jefe del Gobierno entre agosto de 1983 y enero de 1986 í“scar Humberto Mejía Víctores; el Presidente de la República entre 1978 y marzo de 1982, Fernando Romeo Lucas García; los ministros íngel Aníbal Guevara y Donaldo Alvarez Ruiz; el director de la Policía Nacional, Germán Chupina; el jefe del Comando Seis Pedro García Arredondo y el jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García.
El auto que circuló esta mañana en las redacciones señala que cerca de un millón y medio de personas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares y unos 150 mil buscaron refugio en México. Unas 443 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres.
Guevara y Chupina se entregaron el 6 de noviembre de 2006 al tener conocimiento de que el Tribunal Quinto de Sentencia había avalado la solicitud de captura con fines de extradición de la Audiencia Nacional. Los demás sospechosos interpusieron una serie de acciones judiciales con las que lograron impedir su captura y posible interrogatorio en Guatemala.
Pedraz recuerda además, que ha solicitado a Guatemala en múltiples ocasiones la colaboración judicial a través de la tramitación de las oportunas comisiones rogatorias. El hecho de que «ni una sola de ellas se haya cumplimentado demuestra una clara actitud dilatoria en su cumplimentación, no sólo por la tardanza en su tramitación sino por «problemas» de firma, apostilla, recursos de los imputados…».
Agrega además que la decisión de la CC deja traslucir que el Estado de Guatemala «acepta y asume la violación de sus obligaciones internacionales y de su propia ley nacional». Además, esta medida constituye una vulneración del Tratado de Extradición firmado entre España y Guatemala.
«La Corte de Constitucionalidad de Guatemala en su decisión viene a considerar lo acontecido contra el pueblo maya como un delito político», por tal razón «Guatemala como Estado incurre en una violación de la obligación asumida por todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar tal delito».
Además, la resolución de la CC, a la vista de los señalados aunado a la avanzada edad de los imputados (más de 80 años), y junto al hecho sabido de que «en delitos de menor entidad la impunidad en Guatemala es de las más altas que existen en el mundo», deja a la luz la escasa voluntad del Estado de «no investigar los delitos y llevar a los tribunales a sus responsables, dando una clara cobertura a la impunidad».
DECLARACIONES
Está previsto que el primer grupo comparezca ante el magistrado entre los días 4 y 8 de febrero próximo, mientras que los otros dos lo harán entre el 3 y 7 de marzo y el 5 y 9 de mayo, respectivamente.
El Constitucional guatemalteco resolvió en diciembre amparar a los generales Guevara Rodríguez y García Arredondo para que se revoque la orden de captura dictada en su contra por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1. Esta medida también favorece a los generales Ríos Montt, Chupina Barahona y Benedicto Lucas, así como a los civiles Donaldo ílvarez y Pedro García Arredondo.
*Con información de Gerson Ortiz.
«Más que aportar, es una muestra de que el genocidio ocurrido en Guatemala y la comisión de delitos de lesa humanidad que se atribuye a los acusados es un proceso que va a continuar, la comunidad internacional está totalmente convencida de que esos delitos merecen ser perseguidos».
Benito Morales
Fundación Rigoberta Menchú Tum
«No se puede sustraer al Estado de forma unilateral del acceso a la justicia o el combate de la impunidad. El mismo Estado aprobó la instalación y el funcionamiento de la CICIG e impide (con el fallo de la CC) el acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado».
Mario Minera
CALDH
«Es una medida procedente y esperamos tener una reacción positiva en todo el mundo para que puedan contribuir al caso. Es un intento que hace por no dejar morir el proceso que sigue la Audiencia Española»
Carmen Aída Ibarra
Fundación Myrna Mack
«Nosotros mantenemos la postura de que en Guatemala no hubo genocidio sino una guerra interna, y ojalá investiguen ese extremo adecuadamente. Además, en cualquier otro lugar del mundo no aplica porque los casos sucedidos aquí deben ser juzgados y resueltos aquí».
Francisco Palomo,
abogado defensor de Ríos Montt
«Es una intervención en la soberanía judicial de los distintos países, porque él (Pedraz) se refiere a delitos cometido en países que no son España y que de acuerdo con la Constitución sólo puede conocer la Corte Suprema de Justicia del país, sobre lo cual ya se pronunció la CC».
Fernando Linares,
abogado defensor de Mejía Víctores
Esta es la nota que remitió el juez español a los medios de comunicación de Guatemala y países limítrofes: México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos con el fin de notificar a los interesados en participar con la recolección de información requerida para continuar con el proceso.
«El Juzgado Central de Instrucción Número Uno de la Audiencia Nacional de España, a la vista de la negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar en la investigación, solicita a todas aquellas personas que sean víctimas, perjudicados, testigos, o cualesquiera otras que puedan suministrar información relevante sobre el GENOCIDIO Y DEMíS DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PUEBLO MAYA EN GUATEMALA la pongan en conocimiento de este Juzgado a través de los canales oportunos y adecuados para ellos en dichos países de conformidad con lo establecido en el derecho español a tal efecto. Dicha información será oportunamente remitida a este Juzgado para incorporarla a la causa (Diligencias Previas 331/1999)».